El Gobierno valenciano ha aprobado hoy autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a realizar «las acciones judiciales necesarias para exigir la responsabilidad penal» de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, por la orden que paralizó las obras en el barrio del Cabanyal.
El acuerdo también autoriza iniciar acciones contra aquellas personas «que pudieran resultar responsables por la comisión de una actividad delictiva, como consecuencia de la mencionada orden ministerial», según ha afirmado la portavoz del Ejecutivo autonómico Consell, Paula Sánchez de León, tras el pleno del Consell.
En diciembre de 2009, el Ministerio de Cultura declaró que el plan de reforma del Cabanyal-Canyamelar supone un expolio del conjunto histórico del barrio, por lo que suspendió de manera inmediata su ejecución, así como de todas aquellas actuaciones administrativas relacionadas con él.
Sánchez de León ha destacado el informe encargado por el Ayuntamiento de Valencia a un experto catedrático de Derecho Administrativo, del que, a su juicio, «se desprende con rotundidad y contundencia» que la orden ministerial es «irrazonable y arbitraria» y que «persigue un fin torcido».
Por este motivo, el Gobierno valenciano ha decidido iniciar acciones penales contra la ministra, al tiempo que ha asegurado que los nueve recursos presentados contra el plan de reforma del barrio, desde su aprobación en 2001, han terminado con sentencias que declaran su legalidad.
