La Generalitat aprobará este viernes su plan de viabilidad, con el propósito de controlar su deuda y frenar el déficit, que según sus primeras estimaciones podría superar los 7.000 millones.
Este documento se remitirá el lunes al Gobierno central, según ha informado el portavoz del Gobierno catalán y secretario general de Presidencia, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
Homs también ha valorado los datos provisionales del Gobierno, difundidos este martes, de que el Estado cerró 2010 con un déficit de 53.444 millones de euros, el 5,1% del PIB, según los datos facilitados por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, ocho décimas por debajo de las previsiones iniciales que se entregaron a Bruselas.
Según el Ejecutivo autonómico, estos datos pueden darle a la Generalitat una posición más ventajosa ante las dificultades financieras que está travesando.
«Es una buena noticia para los mercados financieros y abre perspectivas» al Gobierno, ha asegurado Homs, quien ha recalcado que ante la posibilidad de que se pueda dificultar el acceso al crédito por parte de la Generalitat, esta noticia lo hace más difícil.
El anunciado plan de viabilidad es una de las primeras medidas financieras que toma el equipo liderado por Artur Mas con el propósito de invertir la situación económica de la Generalitat.
También se aprobará días después de las advertencias que ha lanzado el Gobierno central a las autonomías, indicando que si no cumplen con las previsiones de déficit y deuda, no se descarta que el Estado pueda intervenirlas.
Cataluña fue la primera autonomía que recurrió a los bonos minoristas para buscar liquidez para financiarse, iniciativa que luego han secundado otras comunidades, como la Valenciana.
Por boca del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, el Gobierno central ha advertido a Cataluña que si no cumple con los objetivos de déficit, no le autorizaría nuevas emisiones de bonos.
«DEDO EN LA LLAGA»
Homs también ha anunciado que el Gobierno ha encargado un informe para poner el «dedo en la llaga» en aquellas obligaciones de gasto público que tiene la Generalitat como consecuencia de normativas impulsadas desde el Estado sobre asuntos que son de competencia autonómica.
Se trata de un «estudio exhaustivo que será útil en la negociación» con el Gobierno central, y ha recordado que hasta ahora una relación de este tipo no se había hecho.
