Zarrías dice que el Estatuto valenciano no contiene un título para ceder las competencias de chiringuitos

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha afirmado este martes que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana no dispone de un título habilitante por el que se puedan ceder las competencias en materia de gestión de los chiringuitos, tal y como se ha hecho recientemente en Andalucía.

Zarrías se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del Fondo Estatal de Inversión Local de 2009, al ser preguntado por la situación de la Comunitat en esta materia frente a otras autonomías que han conseguido la cesión.

A este respecto, el secretario de Estado ha aclarado que ha hablado de este asunto con el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, «una pila de veces», y le ha transmitido que el estatuto vigente en este momento, «bien porque no hubo voluntad política o bien por cualquier otra circunstancia», no tiene título habilitante para adquirir las competencias en chiringuitos.

Esto, según ha matizado, «no es un menoscabo ni una crítica», simplemente ha reiterado que Estatuto de la Comunitat «no recoge la misma casuística, el mismo título habilitante que tiene Baleares o Andalucía», por ejemplo.

Siendo «conscientes de este problema», ha dicho, desde el Gobierno se ha propuesto «por activa y por pasiva», dentro de un acuerdo marco del año 2005 en materia de gestión del litoral, firmar un convenio por el que una comisión mixta, integrada por el Gobierno y la Generalitat, haga un seguimiento de los chiringuitos de la Comunitat para ver si cumplen con la normativa y, a los que no lo hagan, darles la solución correspondiente.

En este punto ha señalado que el responsable de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, Loren Marinos, se entrevistará en los próximos días para plasmar este documento, «que cumple los mismos objetivos que cumple el traspaso que se hizo hace un mes a la comunidad de Andalucía o en su momento a Catalunya», ha señalado.

Por lo tanto, ha subrayado que el objetivo es «ponerse de acuerdo» para que los ciudadanos y los empresarios de los chiringuitos «no tengan ningún tipo de inconveniente». La pretensión es «sentarse en una mesa y llegar a una conclusión, que parece que esto quiere utilizarse como un arma arrojadiza o de agravio con Andalucía u otro sitio. No es ningún tipo de agravio, simplemente hay una cosa que en ocasiones sé que no nos gustan, que son las leyes», ha matizado.

Pero ha recordado que todos los que tienen responsabilidades públicas, tienen que cumplirlas. Y en este sentido ha reiterado que el estatuto que aprobó las Corts «no contempla este título habilitante que tienen otros. Porque cada parlamento aprueba lo que le interesa y en este caso no lo hizo».

Por todo, ha tendido la mano y ha destacado que hay fórmulas «desde la buena fe y la buena voluntad». «Si se quiere estar permanentemente mirando el agravio, lo único que puede ocurrir es que terminemos todos melancólicos. Merece la pena que la melancolía no surja en la relación entre administraciones», ha aconsejado.

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