La Fundación Alternativas, afín al PSOE, ha elaborado un informe en el que considera necesario que el Estado lleve a cabo una regulación sobre la acción exterior que realizan las comunidades autónomas con el objetivo de «salvaguardar» la competencia que, respecto a este asunto, corresponde exclusivamente al Estado y, con ello, «la unidad de acción del Estado en el exterior» y acabar así con la «inseguridad e incoherencia» que se produce en esta materia.
Basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que subraya que las actuaciones en el exterior de las comunidades autónomas se deben limitar a las que sean «necesarias, o al menos convenientes, para el ejercicio de sus competencias» y no deben «incidir en la política exterior del Estado», la Fundación Alternativas vería «conveniente» que el Estado «regulara y pusiera claridad en este campo mediante la legislación oportuna».
Esto se debe a que, desde la Fundación, ven «inseguridad e incoherencia» en la acción exterior que llevan a cabo las comunidades autónomas. Es más, creen que algunas actuaciones concretas plantean «problemas que ponen en entredicho la unidad de acción exterior del Estado o la dificultan», al tiempo que suponen «un costo económico superfluo desde el punto de vista del interés general que habría que tener en cuenta en todo momento».
«Parece que se necesita una regulación global de todo lo concerniente a la ‘diplomacia paralela’ de las comunidades autónomas. Proporcionaría una seguridad jurídica de la que hoy se carece y se preservaría con mayor certeza que ahora la competencia del Estado sobre la materia y el interés general que existe detrás», afirma.
La Fundación Alternativas considera que «todo se ha vuelto un poco más complicado» con la reforma de los estatutos de autonomía, ya que en ellos se recoge cierta regulación sobre la acción exterior, si bien dice «no entender muy bien cómo se ha podido dar este paso en una cuestión que no es propia de cada comunidad, sino general del Estado».
EL CASO CATALAN
En concreto, la Fundación explica que muchas comunidades autónomas han desarrollado «mínimamente» su acción exterior mediante la apertura de oficinas en Bruselas y algunas actuaciones de escaso contenido político, pero que otras han dedicado «desde sus inicios esfuerzos considerables en esta materia», y cita expresamente los casos de Cataluña y País Vasco.
Es al caso de Cataluña al que el informe cita como ejemplo más representativo de esta acción exterior autonómica por ser la comunidad que más ha desarrollado esta política. Según el documento, Cataluña ha definido las zonas geográficas de su radio de acción exterior, vincula ésta con «el proceso de ‘nationbuilding’ o construcción nacional» y la comunidad forma parte de diferentes asociaciones de regiones europeas como la Asamblea de las Regiones de Europa o el Congreso de Poderes Locales y Regionales.
«Junto con todo lo anterior, habría que señalar los diferentes organismos internos que preparan y coordinan las actividades exteriores de Cataluña o de otras entidades públicas o privadas catalanas, los múltiples viajes que hasta ese momento había llevado a cabo el presidente de la Generalitat y otras actividades diversas, como las de cooperación al desarrollo», explica el informe.
PROPUESTAS
Por todo ello, la Fundación Alternativas aboga por una regulación que debería pasar por tomar como modelo alguno de los procedimientos previstos en relación con las relaciones transfronterizas así como «el deber de una información completa al Estado por parte de las comunidades autónomas de todas las actuaciones en el exterior o que pudieran afectar a la competencia del Estado sobre la materia».
Pero también considera que la regulación debería contemplar «el deber del Estado de informar a las comunidades de sus actuaciones internacionales en cuanto afecten a sus respectivas competencias en el marco de las comisiones bilaterales de cooperación a través de las conferencias sectoriales existentes o, si fuera necesario, mediante una nueva conferencia sectorial referida a la acción exterior del Estado.
Para la Fundación Alternativas, la regulación debería abrir además los organismos e instrumentos internacionales del Estado, como las embajadas o el Instituto Cervantes, a las pretensiones de las autonomías, al tiempo que debería contemplar la posibilidad de que el Estado pudiera coordinar determinados aspectos de la acción exterior de las comunidades.
En cuanto a los estatutos de autonomía, la Fundación cree que no hay fácil solución para los ya reformados, «fruto de la práctica disfuncional de regulación», si bien recomienda que para posibles reformas futuras «prevalezca una visión general del Estado y se deje para regulaciones generales lo que corresponde a ellas».
