El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha destacado este miércoles que el Gobierno «no tiene ninguna potestad» para garantizar las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana, ya que éste es un «problema de las comunidades».
En este sentido se ha manifestado en el Pleno del Congreso en respuesta a la pregunta del secretario general de ERC, Joan Ridao, quien se ha interesado por cómo contempla el Gobierno garantizar la continuidad de las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana.
Así, Jáuregui ha indicado que la Generalitat tiene la facultad y los instrumentos para emitir TV3 porque tiene «canales suficientes», y es tanto a la Generalitat de Cataluña como la valenciana a quienes les corresponde resolver la situación, no al Gobierno central.
Por ello, ha resaltado que no es casualidad que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, haya pedido una reunión con su homólogo valenciano, Francisco Camps, para abordar este tema, porque a ellos les corresponde. Finalmente, el ministro ha indicado que no va a juzgar por qué se ha apagado esta señal y ha solicitado que no se le coloque al Gobierno un problema que es de las comunidades.
ERC ACUSA A CAMPS DE ELECTORALISMO
Por su parte, Ridao ha indicado que en la Comunidad se ha visto durante 25 años TV3 y aunque no han estado exentos de dificultades, la eliminación de este canal responde a una «razón política electoralista».
En esta línea, ha indicado que Camps ha hecho un «atentado arbitrario contra la libertad de expresión, de la lengua y de la culturas catalana». Así, ha recalcado que «como un Berlusconi cualquiera hace las leyes a su medida y distrae la atención de sus múltiples problemas judiciales, con una ofensiva de catalanofobia».
Por último, ha solicitado al Gobierno que no se escude y que «por vergüenza y dignidad» haga algo para que se retomen las emisiones en la Comunidad Valenciana.
En el curso del debate, los diputados de ERC mostraron desde sus escaños carteles con el dibujo de una máscara amordazada y la leyenda «Libertad de expresión. Sí a TV3». La diputada catalana Teresa Cunillera, que en ese momento presidía la sesión, obligó a retirar los carteles.
