El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha solicitado al Gobierno andaluz que entregue en el Parlamento toda la documentación que le ha remitido a la juez del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, sobre el caso de las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), incluidas las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno de los últimos diez años, demandadas también por la magistrada.
En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el secretario de Organización de IULV-CA, José Luis Pérez Tapias, Valderas ha asegurado que la Cámara andaluza y los grupos parlamentarios tienen «el mismo derecho» que la Justicia a recibir dicha información, al tiempo que ha criticado la «resistencia» que existe por parte del Gobierno andaluz a enviar la documentación referente a los ERE.
En esta línea, el líder de IULV-CA ha apuntado que la juez que lleva el caso ha puesto de manifiesto en los autos que ha dictado «que la Junta no es de fiar y que no cumple la palabra que dio en el Parlamento de colaborar estrechamente con la Justicia». «Se ha ampliado por tanto la sombra de sospecha sobre el Gobierno andaluz en el campo de la negligencia», ha añadido Valderas.
Tras considerar que el Gobierno andaluz cometió «un grave error» al negar la comisión de investigación en la Cámara y creer que únicamente era necesaria una auditoria interna, el dirigente de izquierdas ha asegurado que el clima político cada día está «más viciado y enrarecido» y que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, es «incapaz» de exigir responsabilidades políticos.
Respecto al hecho de que el PSOE-A ya haya asegurado que no va a aceptar la iniciativa del PP-A para la celebración de un pleno extraordinario en el Parlamento sobre el caso de los ERE, Valderas ha dicho que no le extraña porque el PSOE-A «huye de cualquier debate sobre este asunto como un gato del agua caliente».
Finalmente, ha indicado que, aunque su formación considera que hay que poner «el foco» para esclarecer lo que ha ocurrido con los fondos públicos destinados a las empresas en crisis, tiene «cierta preocupación» por que este debate «está sepultando todo lo demás: los problemas de la economía, el desempleo o la situación financiera que atraviesan los ayuntamientos», entre otras cuestiones.
