El ex presidente del Palau, Fèlix Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y la hija de éste, Gemma Montull, declararán como imputados este miércoles ante el juez por los presuntos pagos irregulares a CDC a través del Palau de la Música, relacionados con adjudicaciones de obra a la constructora Ferrovial.
El viernes también lo harán otros dos imputados, el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar, y el cargo de Ferrovial Pedro Buenaventura, así como los dos responsables de la empresa GPO Ingeniería, Emilio Vidal y Alvaro Palao.
Estas serán las primeras declaraciones después de que el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona decidiera a mediados de marzo abrir una pieza separada para investigar si el Palau, además de sufrir un espoleo, sirvió para mediar en adjudicaciones de obra a la constructora vía patrocinios.
Así, investigará el destino de las donaciones de Ferrovial al Palau –habitualmente ingresadas en las cuentas del Orfeó– en el periodo 2001-2008, ya que del informe pericial parece deducirse que eran «contraprestaciones de esa empresa por la adjudicación de obra pública que revertía en beneficio de terceras personas o entidades relacionadas con ella».
EL 4% DE COMISION
En el auto, el juez apunta a que Millet desplegaba una amplia actividad dirigida tanto a reclamar la adjudicación de obras como apremiando a Ferrovial para que no se retrasara en el pago de las cantidades comprometidas.
Las comunicaciones de Millet a Ferrovial iban dirigidas a Buenaventura, que ocupó varios cargos en la constructora, en las que le informaba de adjudicaciones o le instaba a que cumpliera los compromisos económicos con comentarios como: «es indispensable para atender las necesidades que tú ya sabes».
En estas comunicaciones aparece aplicado un porcentaje del 4% al precio de adjudicación de obras, como la de la Línea 9 de Metro, que serían las comisiones, que después se distribuyen en un 2,5% y un 1,5%.
En concreto, de documentación de Gemma Montull fechada en 2008 se desprende que Ferrovial entregó al Palau al menos 1.081.822 euros, de los que fueron destinados 675.855 euros a «pago Daniel –en referencia al ex tesorero–, 248.433 euros a «cobrar GPO» –cuyos responsables también están imputados– y 157.594 euros a la Fundación.
