El PP quiere que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero convoque de manera «urgente» la Conferencia de Presidentes para abordar los «problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas», así como que presente en el plazo de un mes en el Congreso un proyecto de Ley de Transparencia, acceso de los ciudadanos a la información pública y Buen Gobierno.
Los ‘populares’ incluyen estas peticiones en la quincena de propuestas de resolución que el Grupo Popular ha registrado este miércoles en la Cámara Baja, en el marco del Debate del estado de la Nación, que se someterán a votación este jueves.
La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado que sus iniciativas conforman «una alternativa completa frente a la crisis económica, social e institucional que padece España». A su entender, se trata de un programa político «para recuperar la confianza y crear empleo», que incluye además medidas de fortalecimiento institucional.
CONFERENCIA DE PRESIDENTES
En línea con la petición que ya hizo Mariano Rajoy después de las elecciones del 22 de mayo, el PP urge al Gobierno a convocar la Conferencia de Presidentes para hablar de reformas económicas para la creación de empleo, reformas educativas y garantía de los servicios públicos. A su entender, el nuevo escenario político tras los comicios «hace no sólo necesaria, sino urgente su convocatoria».
El PP considera que la convocatoria de este órgano «sería muy positivo para abordar cuestiones tan fundamentales como los problemas de sostenibilidad de las finanzas públicas, la necesidad imperiosa de abordar las políticas necesarias para lograr que la economía vuelva a crecer y a crear empleo, la mejora de la calidad del sistema educativo o las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del modelo de bienestar». Se trata, añade, de asuntos en los que están implicadas las administraciones autonómicas y el Gobierno central.
En otra propuesta de resolución, el PP insta al Gobierno a presentar en el plazo de un mes un proyecto de Ley de Transparencia, acceso de los ciudadanos a la información pública y Buen Gobierno. Tras asegurar que la transparencia en las administraciones públicas es un elemento «clave» del buen gobierno, recuerda que España es, junto a Chipre y Malta, uno de los pocos países europeos que carece de una norma de este tipo.
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, comprometió la presentación de este proyecto antes del verano y así lo votó por unanimidad la Cámara hace una semana.
En otra propuesta, bajo el título ‘para garantizar el respeto del Parlamento por parte del Gobierno’, el partido de Mariano Rajoy pide el establecimiento de límites al derecho de veto a iniciativas parlamentarias y atender –en un plazo máximo de tres meses– las solicitudes de comparecencia de los miembros del Gobierno formuladas por los grupos parlamentarios.
REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Asimismo, el PP ha presentado en la Cámara una iniciativa en la que solicita al Ejecutivo que ponga en marcha una ‘Estrategia de Austeridad y de Reforma de las Administraciones Públicas’, en línea con el plan que están impulsando los nuevos gobiernos autonómicos del PP surgidos de las elecciones.
Esa estrategia incluiría, según el PP, la reducción al menos de un 25 por ciento del número de altos cargos y un 50 por ciento del personal eventual al servicio de la Administración General del Estado; y la reestructuración de organismos autónomos, agencias y otras entidades públicas a fin de conseguir su simplificación, menor coste y mayor transparencia.
También propone una reducción de los costes de funcionamiento de la administración a través de una disminución de los gastos corrientes de la Administración General del Estado en un 10 por ciento; una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de todas las administraciones; el fomento de las centrales de compras; la reducción del número de coches oficiales; y la racionalización del uso de teléfonos móviles.
RECUPERAR LA LINEA ICO-AYUNTAMIENTOS
En otra iniciativa para garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales, el PP emplaza al Gobierno a «cumplir en su integridad el marco legal vigente de financiación autonómica»; presentar a la mayor brevedad un nuevo proyecto de Ley Básica del Gobierno y Administración Local; y recuperar de forma urgente la línea de crédito ICO-Ayuntamientos para el pago a proveedores que fue derogada pro el Gobierno.
Entre sus propuestas de resolución también figuran: la «necesaria» reforma de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria para incorporar límites de gasto y endeudamiento para todas las administraciones; la relativa al impulso del sistema financiero; otra sobre una Ley de Apoyo a los Emprendedores; y una relacionada con la aprobación de una Estrategia para la creación de empleo, especialmente en el ámbito juvenil.
Asimismo, los ‘populares’ plantean la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Competitividad que promueva la unidad de mercado; y la defensa de una educación de calidad como base para el empleo estableciendo un nuevo sistema nacional de acceso a la función docente. El PP aboga en otra propuesta por un Pacto por la Sanidad para garantizar la sostenibilidad del sistema.
