Un día después de que populares y socialistas votasen a favor de aumentar el autogobierno de Galicia en el seno de la comisión bilateral Estado-Xunta, los parlamentarios gallegos han debatido sobre la creación de la Policía Autonómica de Galicia, una iniciativa que partió de los nacionalistas y que fue rechazada por el grupo mayoritario de la Cámara, por carecer de «sentido» al crearse «sin capacidades».
Precisamente el hecho de que este miércoles se debatiese en pleno esa propuesta, que demanda una «actitud positiva de colaboración institucional» para avanzar en el proceso de transferencias y urge la convocatoria de la comisión mixta, fue motivo de crítica del diputado del BNG Alfredo Suárez Canal, quien lamentó que, en realidad, no hay una «voluntad de autogobierno» a la vista de la postura presentada con la Policía Autonómica.
Frente a él, el diputado popular Antonio Rodríguez Miranda le reprochó que los nacionalistas no apoyasen la propuesta impulsada por él mismo en el hemiciclo gallego, mientras que en el Congreso pedían más autogobierno.
«Nosotros somos coherentes, pedimos en Madrid al Gobierno central y aquí a la Xunta», repuso Suárez Canal, quien reprochó que, sin embargo, los grupos del PSOE y PP no apoyaron en las Cortes Generales el traspaso de las competencias de Tráfico que contaba con el apoyo unánime de la Cámara gallega y que se quedó en el camino al no refrendar este voto en el Congreso los grupos socialista y popular.
Así las cosas, Suárez Canal insistió en que el desarrollo de la Policía Autonómica es cuestión de «voluntad política» y lamentó que el PPdeG se limite a pedir al Gobierno central más efectivos. Para esta cuestión, expresó su apoyo, pero avisó de que ése no era el debate que proponían este jueves los nacionalistas.
DEFINIR ESTRATEGIA
Suárez Canal defendió la necesidad de que el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo defina una estrategia negociadora con el Gobierno central y ha afirmado que es posible con la legislación actual, algo que cuestionó Rodríguez Miranda.
La propuesta transaccionada con los socialistas también demanda que «se sienten las bases para que se constituya definitivamente la Policía gallega, desarrollando para esta finalidad la ley (aprobada en 2007)». En este punto, los socialistas eliminaron el matiz de que el cuerpo sea «integral», una petición de máximos a la que renunció el BNG por considerar sin esta coletilla la iniciativa podría ser igualmente el principio para conseguir el fin último.
Además, otras de las cuestiones que demandaba la propuesta era que los presupuestos de 2012 «eliminen todas las partidas destinadas a contratar todas las empresas privadas de seguridad de vigilancia que presten servicios propiamente policiales», en el camino de que esas labores las desarrollen efectivos», así como demandaba «destinar esos fondos a fortalecer la policía propia».
A este respecto mostró sus recelos el diputado popular Antonio Rodríguez Miranda, quien rechazó la viabilidad de esa petición y advirtió de que lo que proponía el BNG significaba dar funciones a policías que requieren menos cualificación de la que cuentan.
El parlamentario popular incidió la Policía Autonómica Adscrita desarrolla, actualmente, todas las tareas posibles de su competencia y aseguró que para otorgar otras habría que modificar el Estatuto o la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A ello, Suárez Canal replicó que en el caso de Cataluña, los mossos ostentan competencias de tráfico, por lo que afirmó que sí podrían tener otras tareas.
Sin embargo, el también portavoz del PPdeG se preguntó «qué sentido tendría una policía propia sin capacidades» y concluyó que sería «crear una policía fantasma», motivo que le llevó a señalar que este gobierno «no vive de apariencias».
Por otro lado, la Cámara aprobó, con los votos de los populares y a iniciativa de Rodríguez Miranda, una proposición no de ley en la que se insta a la Xunta a realizar todas las actuaciones necesarias para la implantación de un nuevo modelo de registros, fomentando la utilización de medios electrónicos, y en el marco del plan de racionalización que desarrolla el Ejecutivo autonómico.
