El magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, ha asegurado este martes que le da «mucha pena» que el alto tribunal «siga sin renovarse siete u ocho meses después» de lo que establece la Constitución porque la situación «no es buena» y se incumple la Carta Magna, pero ha confiado en que la situación se resuelva «cuanto antes» y los partidos lleguen pronto a un acuerdo.
Durante su participación en los Cursos de Verano de El Escorial, donde ha intervenido en la conferencia sobre ‘Los Recursos de Constitucionalidad y los Estatutos de Autonomía’, Aragón ha afirmado que, sobre todo, le da pena que se produzca tanto retraso en la renovación debido al acortamiento correspondiente que este hecho generará «en el mandato de los nuevos» magistrados, un matiz añadido en la última reforma. «Me gustaría que esta situación acabase cuanto antes porque no es buena para el Tribunal», ha remarcado.
No obstante, el magistrado ha negado que dicha tardanza en la renovación influya en la actividad del mismo y ha señalado que los jueces del TC «siguen trabajando sin ningún problema». «Yo creo que afecta al cumplimiento de la Constitución por culpa de las instituciones. Ahora, el tribunal sigue dictando sentencias. De hecho, esta mañana hemos tenido un pleno», ha espetado, al tiempo que ha incidido en que no espera que la imagen del TC se vea afectada porque no es «el culpable». Más bien, ha dicho, «debería afectar a las instituciones responsables de que no se renueve».
Por otro lado, preguntado por la situación del recurso a la Ley del Aborto y si éste se va estudiar con prontitud, Aragón ha apuntado que no puede decir nada, «porque quien dicta el orden del día es el presidente», y se ha limitado a recordar que el tribunal indicó en el auto de suspensión que «le daría tramitación preferente o urgente» a este tema. «Las fechas no las sé», ha añadido.
Dicho esto, el magistrado no ha querido decir si la actitud mostrada por los representantes de Bildu desde su entrada en las instituciones ha sido un tema puesto en común entre los integrantes del Constitucional, ya que, según ha considerado, «nunca podría responder» por la «obligación de guardar el secreto de las deliberaciones». «No digo ni que sí ni que no», ha puntualizado.
