El director general de calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Jesús Huertas, ha señalado que el Sistema de Devolución y Depósito de Residuos (SDDR) al que abre la puerta el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados «teóricamente, para el MARM, es un instrumento válido».
Así lo ha explicado durante su intervención en un encuentro con representantes de distintos Sistemas Integrados de Gestión (SIG), como Ecoembes, Ecovidrio, así como con el representante de la asociación Retorna, que apuesta por el SDDR, y con portavoces de organizaciones de consumidores, organizado por la Asociación de Periodistas Ambientaleas (APIA).
Huertas considera que el SDDR es «un instrumento que debe estar en la ley» y ha añadido que «sería impresentable» que el texto no hiciera mención alguna de este sistema como opción «vigente y posible», aunque esto no signifique que vaya a ser implantado.
A este respecto, ha anunciado que el MARM prevé organizar en octubre una jornada para profundizar sobre este tema al tiempo que ha añadido que para el departamento que dirige Rosa Aguilar, «el mejor residuo es el que no se genera» y que, en ese sentido, un envase en el sistema de retorno «no es un residuo».
Además, en su opinión, la alarma y cautelas de las empresas de alimentación es «injustificado» por que si se ve que dicho sistema es inviable a nivel económico, medioambiental y social «no se hará». «Ojalá en un tiempo podamos decir que el SDDR es viable, posible y que puede convivir con los SIG. No podemos descartarlo como un sistema que podría funcionar», ha deseado, al tiempo que ha indicado que que Medio Ambiente está «abierto a debatir que el SDDR sea un instrumento más».
En todo caso, ha manifestado que una vez que se apruebe de forma definitiva en el Congreso de los Diputados, probablemente antes de final de julio, se va a iniciar «una nueva etapa» en materia de residuos en España, donde se va a consolidar una gestión más sostenible.
Igualmente, ha apostado por invertir el incremento de residuos que se ha producido en España de forma paralela al crecimiento económico. De este modo, ha dicho que desde 1998, la población ha crecido un 13 por ciento; el Producto Interior Bruto, un 12 por ciento; y los residuos, un 17 por ciento, es decir, que crecen por encima de la población.
Por otro lado, ha criticado que en España haya un elevado porcentaje de residuos generados que acaben en los vertederos así como el «insuficiente» intercambio de información entre el Gobierno y las administraciones locales. También ha apuntado que en 2008 se recogieron 23 millones de toneladas de residuos de las que el 15 por ciento fueron recogidas de forma separada.
EN CONTRA Y A FAVOR
Mientras, el director general de Ecoembes, Melchor Ordónez, ha defendido el SIG con el que el 98 por ciento de los españoles tienen un fácil acceso a los 280.000 contenedores amarillos y 140.000 azules. Sobre la nueva ley, reconoce que tiene «mejoras introducidas» pero que abre la posibilidad a la implantación de un sistema de depósito como el SDDR, del que ha dicho que «no es para reutilizar sino para aumentar el reciclado» y que perjudica a los consumidores y, sobre todo, al pequeño comercio.
Por su parte, el director general de Ecovidrio, Javier Puig de la Bellacasa, ha dicho que hay un contenedor verde por cada 234 habitantes, al tiempo que considera que se abre un «futuro importante» para los residuos en el que «cualquier otra alternativa deve ser valorado y contrastado antes de descartar lo que ya existe y funciona bien».
En la posición contraria, el presidente de la Asociación Retorna, Domingo Jiménez Beltrán, ha defendido el SDDR porque con este sistema «se puede llagar al objetivo de residuo cero, porque si a un residuo se le pone un valor económico ya no será un residuo». Asimismo, ha dicho que este sistema ya funciona desde hace años en otros países como Dinamarca, pero que para su implantación en España hace falta un cambio de postura y mentalidad. «Hablamos de un cambio radical en la recogida de basuras que podría aumentar en 600.000 toneladas más la cantidad que se recoge en la actualidad y llevar la tasa de reciclado del 15 por ciento al 80 por ciento», ha apostillado.
Del mismo modo, el director de comunicación de ASGECO, Jean-Bernard Audureau, ha defendido que España tiene una de las tasas de reciclaje más altas por habitante de Europa pero «quizá los españoles no separan bien» aunque ahora sean más «responsable en lo medioambiental». Por este motivo ha apostado por la «coexistencia» de los distintos sistemas porque considera a ambos «necesarios». A su juicio, España no puede limitarse al cumplimiento estricto de los objetivos europeos sino que puede aspirar a construir de la sociedad del reciclado a la de la reutilización.
Finalmente, el portavoz de la Unión de Consumidores de España, José Angel Velón, ha lamentado que se trate a los consumidores de irresponsables y ha exigido el derecho de los ciudadanos a que se les informe bien y a que se vele por sus intereses económicos. De hecho, ha criticado que se oculten datos por parte de «todos los sistemas» así como que el SDDR «es, en realidad, un canon ecológico». En definitiva, el consumidor es el que, al final siempre paga las políticas medioambientales, por lo que ha reivindicado el respeto a los derechos de los consumidores a la hora de alcanzar un mayor grado de participación en las leyes que les afectan.
