La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, anunció hoy en el Congreso una batería de medidas de control y transparencia de las entidades de gestión, para evitar que vuelva a repetirse un escándalo como el del fraude destapado en la SGAE.
El Gobierno se propone abordar una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual «que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles».
El Ejecutivo también promoverá que se hagan auditorías para permitir el funcionamiento a todas las entidades de gestión, así como la aprobación de un régimen sancionador para las sociedades de esta naturaleza que no cumplan con sus obligaciones.
El paquete de medidas expuesto por González-Sinde tanto en el pleno por la mañana como en su comparecencia vespertina ante la Comisión de Cultura también incluye la de que el Gobierno y las comunidades autónomas aclaren en la próxima Conferencia Sectorial de Cultura las competencias territoriales sobre las entidades de gestión y la forma de evitar la actual «laguna de control» que hay sobre estas sociedades a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1997.
En su comparecencia ante la comisión, la titular de Cultura defendió la actuación del Gobierno ante las entidades de gestión y en el caso concreto de la SGAE. A su juicio, «parece que se ha querido transmitir la idea» de que su departamento «miró para otro lado o se lavó las manos» ante la gestión de la Sociedad de Autores y Editories, «pero nada más lejos de la realidad».
«No hay nada que el Gobierno pudiera haber hecho» en relación con la SGAE y «no haya hecho», remarcó González-Sinde, quien dijo que su departamento ha estado al tanto de todas las auditorías que se han hecho estos años a la SGAE y que no habían revelado ninguna anomalía.
En su opinión, el modelo de las entidades de gestión hay que cambiarlo porque se «permitió y alentó» hace años un crecimiento «sobredimensionado» a estas sociedades y de ello no es responsable este Gobierno.
«Las entidades de gestión deben seguir siendo entidades sin ánimo de lucro y su carácter mercantil debe ser excepcional, con autorizaciones y controles pertinentes», agregó la ministra.
Sinde insistió sobre el caso de la SGAE que una actuación irregular de unos individuos no puede «empañar» la buena labor que han hecho hasta ahora «siete de ocho entidades» sobre las que no pesa «ninguna sospecha ni reproche».
