El secretario general de CCOO-PV, Paco Molina, ha urgido este jueves al futuro nuevo presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a recuperar cuanto antes la «normalidad institucional y política» para «superar una situación que tiene un impacto institucional, económico y social nefasto para los intereses de la Comunidad Valenciana».
En declaraciones a Europa Press, se ha referido así a la dimisión como jefe del Consell hecha pública ayer miércoles por Francisco Camps a raíz de la apertura de juicio oral contra él y otros tres imputados por la conocida como ‘causa de los trajes’, derivada del caso Gürtel.
Molina ha destacado que, como representante de los trabajadores y de la sociedad más débil, «lo más importante es que devuelva lo antes posible la normalidad institucional y la normalidad política para superar una situación que tiene un impacto institucional, económico y social nefasto para los intereses de la Comunidad Valenciana».
Además, ha lamentado que esos hechos se hayan producido «en el peor contexto posible, cuando más necesitan los valencianos la política y las instituciones públicas», y hayan causado «un gran impacto sobre la economía y las personas precisamente en ese contexto tremendo».
En opinión de Molina, la Comunidad atraviesa «la crisis institucional más grave de su historia» dado que este tema «convirtió en inútil y estéril la anterior legislatura» por la «rotunda y absoluta paralización y la gravísima situación de bloqueo institucional por parte del Gobierno valenciano», y ahora, se «agrava y se repite en esta legislatura» con la dimisión de Camps.
«ARRUINA CUALQUIER POSIBILIDAD DE INVERSION O RECUPERACION»
El líder de CCOO-PV ha alertado de que la repercusión de este asunto «va mucho más allá de nuestro país» y tiene «una proyección internacional que arruina cualquier posibilidad de inversión, de recuperación, de compromiso y de confianza en Comunidad Valenciana y en sus instituciones».
Ha argumentado, en este sentido, que esta situación «da 50.000 patadas a la que siempre figura como segunda preocupación para los empresarios por detrás de la financiación, la de seguridad jurídica y unidad de mercado» y, por tanto, «es nefasta para la comunidad».
