El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará hoy sobre si son legales las últimas medidas de las llamadas «vacaciones fiscales vascas», un conjunto de ayudas concedidas a empresas de nueva creación en la década de los noventa, y reclama a los beneficiarios su devolución.
La Corte, con sede en Luxemburgo, ya consideró en junio pasado ilegal una de las tres medidas que componen las vacaciones fiscales, y hoy deberá decidir acerca de las otras dos, sobre las que además pesa una solicitud de la Comisión Europea (CE) al Tribunal para que imponga una multa millonaria a España.
La decisión cerrará un largo proceso, desde que las primeras sospechas sobre la legalidad del régimen de ayudas llegaron a Bruselas en 1994 y la CE las declaró ilegales en 2001 y ordenase a España su supresión y recuperación.
La sentencia de hoy responde a los recursos que presentaron las diputaciones forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa contra una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia (ahora Tribunal General).
Las medidas afectadas son el crédito fiscal del 45 % del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos que establecieron las diputaciones para favorecer la creación de empresas en el País Vasco, así como en las denominadas «minivacaciones fiscales», una reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada a partir de 1995.
Si los jueces comunitarios se pronuncian en contra de España como en las anteriores instancias, solo quedará por decidir si imponen una multa como pidió la Comisión, y si la cuantía es la misma que reclama el Ejecutivo de la UE.
Bruselas pidió una sanción de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto hasta que España acate la sentencia -hasta que se devuelvan todas las ayudas-, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.
Las «vacaciones fiscales» fueron rechazadas por algunas comunidades vecinas al País Vasco al sentirse perjudicadas, y La Rioja participó en el litigio en apoyo de la Comisión Europea.
