La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que estima un recurso interpuesto por unos padres contra la actuación de la Generalitat Valenciana, que no dotó adecuadamente un centro escolar donde eran escolarizados varios niños con Trastornos del Espectro de Autismo (TEA).
Según informó hoy Feaps, la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual, la sentencia reconoce que la no adecuación de medios para atención educativa constituye una lesión de derechos fundamentales, como habían planteado los padres, y en contra de lo que consideró la Generalitat y el tribunal valenciano.
Además, deja claro que el artículo 27 de la Constitución, que regula el derecho a la educación, es reforzado por el mandato que establece el art. 49, a favor de las personas con discapacidad y el 9.2, conforme al cual deben removerse los obstáculos que condicionen el derecho a la igualdad efectiva.
Tales pronunciamientos permiten, finalmente, al Tribunal estimar el recurso interpuesto por los padres, y, por tanto, considerar que la inactividad de la administración educativa, al no dotar de material adecuado ni de personal especializado en la atención a alumnos con TEA, infringe los derechos fundamentales de estos.
Según el coordinador de la Red de Juristas de Feaps, Torcuato Recover, esta sentencia: establece unas valiosas posiciones en la jurisprudencia española, y supone un instrumento legal de importante alcance para reivindicar ante las administraciones públicas competentes que los alumnos que presenten necesidades educativas especiales cuenten con los medios materiales y, especialmente, con la dotación de medios personales precisos, y especializados».
Recover recuerda que la propia sentencia señala que estos alumnos se encuentran «en una situación de desigualdad de partida que les hace acreedores de una respuesta de las Administraciones educativas adecuada a sus necesidades».
Feaps considera que la decisión del Supremo tiene especial valor, ya que desde los sectores sociales se vienen comprobando desde hace tiempo lesiones del derecho fundamental a la educación en alumnos con necesidades educativas especiales, recortes en la dotación de medios y falta de apoyos educativos suficientes que, a partir de ahora y con la base de esta sentencia, podrán ser denunciados como constitutivos de lesiones de derechos fundamentales y, por tanto, deberán de ser resueltas.
