Los sindicatos UGT y CC.OO. de Cataluña han rechazado este viernes que la Generalitat deje de aceptar a los parados sin subsidio como beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
Así lo han expuesto en sendos comunicados tras la comparecencia en el Parlamento de los consejeros de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, y de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, para explicar la reforma de la RMI.
En declaraciones a Europa Press, la secretaria de Política Social de CC.OO. de Cataluña, Aurora Huerga, ha tildado la intervención de los consejeros de «decepcionante» porque no han pedido perdón por los perjuicios que han ocasionado a beneficiarios que no han recibido la ayuda este verano al eliminar la domiciliación, y porque no han aportado «ningún dato» sobre supuestos fraudes.
Huerga ha mostrado su preocupación por que no se aplique la ayuda a parados sin otros ingresos y que se haya ignorado el papel de los asistentes sociales para controlar la ayuda.
UGT de Cataluña también ha lamentado la «absoluta falta de autocrítica» de los consejeros, y ha cifrado los beneficiarios actuales de la RMI desempleados en el 40% del total, según datos recopilados en la web de la ayuda (13.240 titulares directos, que con sus familias suman 39.477 personas protegidas).
El portavoz del sindicato, Miguel Angel Escobar, ha argumentado a Europa Press que si las personas sin empleo «ahora no están excluidas socialmente, están en vías de estarlo, ya que es difícil pensar que a corto plazo va a darse una reactivación de la economía y creación de empleo».
Así, si no reciben ningún ingreso, no podrán hacer frente al pago de su vivienda y serán desahuciados, en un entorno en el que la administración tampoco genera los instrumentos de formación necesarios para la reinserción de los parados, ha relatado.
Según el comunicado de UGT, «es absolutamente injustificable y una frivolidad que el Ejecutivo catalán haya utilizado la excusa de la lucha contra el fraude para introducir medidas que lo que quieren en realidad es ahorrase un dinero en la partida presupuestaria de la RMI, sin activar, además, ningún tipo de programas formativos y ocupacionales que favorezcan la inserción» de los receptores de la ayuda.
