El Govern aprueba este martes el recurso contra el TSJC

El Govern acordará este martes un texto de recurso a la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que da a la Generalitat dos meses para que el castellano también sea lengua vehicular de la enseñanza.

En la tradicional reunión de los martes, la consellera Irene Rigau y el resto de miembros del Govern prevén aprobar un texto para que el TSJC tome en consideración el actual modelo de inmersión lingüística de Cataluña, ya que el tribunal ha dado a la Generalitat cinco días tras la notificación para interponer recurso de reposición.

El pasado 28 de julio, el TSJC dictó un auto en el que establece un plazo de dos meses para que Enseñanza adopte las medidas necesarias para su cumplimiento y que informe de las mismas, decisión de la que informó el pasado viernes.

El auto adoptado coincide con las sentencias del Tribunal Supremo (TS) del pasado mes de mayo en las que daba la razón a dos familias catalanas que reclamaban su derecho a la escolarización en castellano, representadas por Convivencia Cívica Catalana (CCC).

Desde el Govern, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha manifestado este lunes su confianza en que se alcanzará un acuerdo y también ha observado que la interlocutoria no cuestiona el actual modelo de inmersión lingüística catalán.

El TSJC ha puntualizado este lunes que su interlocutoria sólo insta a la Generalitat a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo, aunque admite que éstas no especificaban si únicamente afectan a las familias demandantes, por lo que «podía significar» que deben aplicarse a todo el sistema educativo catalán.

Ha matizado así las palabras del presidente del TSJC, Miguel Angel Gimeno, que este domingo había considerado que la sentencia sólo da respuesta a la demanda de las familias demandantes, pero que no cuestiona el modelo de inmersión lingüística de Cataluña.

En un comunicado, el TSJC ha especificado que las resoluciones del TS, a pesar de que admitían los recursos de los demandantes, «no especificaban en su parte dispositiva que la decisión quedara limitada a éstos y, por tanto, ello podía significar su aplicación de forma genérica a toda la enseñanza en Cataluña».

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