El portavoz del Gobierno, José Blanco, ha subrayado este viernes que el modelo catalán de normalización lingüística cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, tal como sostiene la Generalitat, y ha opinado que el modelo «ha funcionado muy bien como vehículo de integración todos estos años».
Blanco se ha expresado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando se le ha preguntado si el Gobierno piensa hacer cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a incluir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Sobre la sentencia, se ha limitado a señalar que el Ejecutivo es «respetuoso» con todas las decisiones pero ha destacado el aval que el TC ha dado al modelo catalán, la última vez en la sentencia del ‘Estatut’.
De este modo, el portavoz del Gobierno ha tachado de «ruido» los llamamientos de los ‘populares’ a que se cambie el modelo educativo catalán y ha opinado que éste «no es nuevo» y responde únicamente al clima preelectoral: «Se utiliza la lengua como instrumento de confrontación y división, aunque luego algunos si lo necesitan acaban hablando catalán en la intimidad», ha espetado, en alusión a la cooperación que el PP catalán está prestando a CiU en el Parlament.
Por eso, Blanco ha hecho un llamamiento a «no utilizar las lenguas como instrumento de confrontación y división», tomando como punto de partida el aval que dio el TC al modelo educativo catalán, recordando que nace de una ley de 1983.
En la sentencia sobre el ‘Estatut’, los magistrados del TC avisaban de que su artículo 35.1, que afirma que «el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria» es constitucional sólo en el sentido de que «no impiden el libre y eficaz ejercicio del derecho a recibir la enseñanza en castellano como lengua vehicular y de aprendizaje».
TC: «NO CABE PRETENDER LA ENSEÑANZA EN UNA SOLA LENGUA» Este texto concluía que es «constitucionalmente obligado que las dos lenguas» sean reconocidas por los poderes públicos como «vehiculares» y se remitía a sentencias anteriores donde se aobr’do el asunto.
Así, advertía también, aludiendo una sentencia de 1994, que de la Constitución no se desprende ningún derecho a recibir la enseñanza sólo en una lengua, la que elija el ciudadano, porque la educación es una actividad regulada por los poderes públicos. «No cabe pretender legítimamente» (la enseñanza en una sola lengua, añade el Tribunal, porque hay un mandato constitucional «implícito» de fomentar y proteger ambas lenguas cooficiales.
En su rueda de prensa, Blanco ha aprovechado para recordar que la ley de 1983 de la que emana el modelo catalán era muy parecida a otra que impulsó en Galicia el entonces presidente Manuel Fraga y que también hay quien se opuso a ella «sin ser consciuentes de que fuera un Gobierno del PP el que la había impulsado».
Como hijo de gallegoparlantes, ha remachado, él considera las lenguas como instrumento de «convivencia, no de división» y la diversidad lingüística como un «orgullo» y una riqueza cultural que hay que seguir preservando.
