La consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha negado este miércoles de forma «clara y tajante» que el Gobierno autonómico haya despedido a empleados públicos aunque ha admitido que no se han renovado en torno a un centenar de contratos por obra y servicio por entender que esos cometidos estaban terminados.
«Lo que se ha hecho ha sido no renovar porque se entiende que se ha producido el fin de la obra o servicio», ha precisado la consejera de Hacienda y responsable de la política de personal de la Junta en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press en los pasillos de las Cortes de Castilla y León.
Del Olmo ha recordado en este sentido que si no se han renovado los contratos ha sido porque se considera que la obra o servicio han sido prestados, una «situación dinámica» que «ocurre siempre».
La consejera ha apelado al proceso de reestructuración de la administración pública y a la fusión de algunas consejerías, como es el caso de la Fomento y Medio Ambiente, que han mermado las estructuras y han llevado a adaptar la prestación de algunos servicios para hacerlo con personal propio, unos cálculos que le corresponden a cada consejería y a sus equipos.
En este sentido, ha reconocido que la Junta está apostando por economías de escala también en las contrataciones pero ha reiterado su mensaje de que no se ha despedido a ningún funcionario ni a ningún empleado fijo y que la cuestión no tiene nada que ver con el personal interino.
Del Olmo ha puesto como ejemplo de esas economías de escala el caso de la Renta Garantizada de Ciudadanía para la que se contrató un servicio ante el aluvión de solicitudes que se esperaban y que luego se ha visto mermado.
«Se busca la eficiencia», ha concluido la consejera de Hacienda que, en cualquier caso, ha precisado que los contratos por obra y servicio no son la tónica general en la Administración.
