El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará un pleno extraordinario el próximo 10 de enero para emitir su preceptivo dictamen previo al nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general del Estado durante los próximos cuatro años, en sustitución de Cándido Conde-Pumpido.
Los 21 vocales que forman el órgano de gobierno de los jueces, incluido su presidente Carlos Dívar, están llamados a debatir sobre quien está llamado a ser el nuevo fiscal general en una sesión que comenzará a las 11.00 y que dispone como único punto del día la deliberación sobre Torres-Dulce.
El Poder Judicial cumplirá así con el nuevo sistema establecido por la reforma de 2007 del Estatuto del Ministerio Público. Conforme a esta norma, el nuevo fiscal general deberá contar con el dictamen favorable del CGPJ y realizar la comparecencia de idoneidad ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros, celebrado el pasado 30 de enero, propuso a Eduardo Torres-Dulce para este cargo y solicitó la audiencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emitiera su preceptivo informe sobre esta designación.
Las asociaciones de fiscales reaccionaron a esta propuesta elogiendo a Torres-Dulce y solicitándole que consolide la «autonomía» del Ministerio Público de cara a los procedimientos penales que tendrá que afrontar la acusación pública en los próximos meses.
Así lo indicaron a Europa Press el portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), Francisco Jiménez Villarejo, y la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto.
Eduardo Torres-Dulce Lifante (Madrid, 1950) tiene desde marzo de 2000 la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo aunque en la actualidad está destinado en el Tribunal Constitucional. De tendencia moderada y conservadora, es considerado el número dos del escalafón del Ministerio Público, sólo superado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo.
Torres-Dulce ingresó por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975 y se decantó al año siguiente por la carrera fiscal. Ha representado al Ministerio Público en la Fiscalía de Sevilla y Madrid y ha ocupado la plaza de teniente fiscal en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Desde 1985 estuvo destinado como Fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.
En octubre de 1996, fue ascendido a la categoría de fiscal de Sala y nombrado fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En marzo de 2000 fue nombrado fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Sección de lo Penal hasta junio de 2005.
Miembro de la conservadora Asociación de Fiscales desde 1980 y vocal del Consejo Fiscal, ha ejercido también como profesor de Derecho Penal en varios centros universitarios, entre ellos ICADE, el CEU y la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos.
Reconocido cinéfilo, ha colaborado en varios programas de radio y televisión junto al cineasta José Luis Garci. Actualmente colabora con este último y Luis Herrero en el espacio ‘Cowboys de medianoche’, en esRadio.
COMPARECENCIA EN EL CONGRESO
El proceso de nombramiento comienza con la aprobación de la propuesta de nombramiento por parte del Consejo de Ministros, que se produce a iniciativa del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tal y como establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La designación requiere del dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después, el Gobierno la comunicará al Congreso de los Diputados a fin de que la persona elegida comparezca ante la Comisión de Justicia a fin de valorar «los méritos e idoneidad del candidato propuesto».
El Estatuto establece como requisitos para el fiscal general del Estado que se trate de un jurista español «de reconocido prestigio» y con más de 15 años de «ejercicio efectivo de su profesión». Una vez nombrado, el designado prestará ante el Rey el juramento o promesa de su cargo y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
En su último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el cese de Cándido Conde-Pumpido, que había cumplido su segundo mandato no renovable de cuatro años.
