El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras sin modificaciones a pesar de las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) porque las acciones incluidas por el Ejecutivo son «absolutamente necesarias».
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha informado de este acuerdo que ya se ha remitido a las Cortes de Castilla y León para su tramitación con «urgencia» acompañado de la solicitud de que se establezca el resto de enero como periodo hábil para «agilizar» su aprobación, prevista en torno al 1 de marzo.
De Santiago-Juárez ha defendido que es «absolutamente necesaria» la puesta en marcha del Proyecto de Ley en el que se incluye, entre otras medidas, el ‘céntimo sanitario’, la recaudación del Impuesto de Patrimonio en 2012 y la implantación de dos nuevos tributos propios como a ‘ecotasa’ y el relacionado con la eliminación de residuos.
Además el documento establece la congelación de las retribuciones de los empleados públicos en 2012 y el incremento de 2,5 horas en la jornada laboral que pasará de las 35 horas semanales actuales a las 37,5.
La Junta ha dado luz verde de este modo a las acciones anunciadas por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado 29 de diciembre sin incluir las modificaciones propuestas por el Consejo Económico y Social (CES), sobre las que De Santiago-Juárez ha mostrado su «respeto».
En este sentido, el portavoz de la Junta ha insistido en que el CES ha emitido informes «críticos» en otras materias, aunque en este caso no ha ocultado su «sorpresa» por el informe publicado este jueves y que, como ha señalado, se ha modificado en «24 horas», algo que, a su juicio, deberán explicar los miembros del organismo. «No entendemos la rectificación y por qué no lo han explicado», ha manifestado.
El portavoz de la Junta ha insistido en que ahora el Proyecto de Ley debe ser sometido al debate parlamentario, por lo que los grupos podrán presentar enmiendas parciales o a la totalidad del texto, una posibilidad esta última sobre la que no ocultó cierta dificultad dada la mayoría absoluta del PP en las Cortes.
Así ha defendido que las medidas incluidas en esta normativa son «absolutamente necesarias» con el objetivo básico de «mantener la calidad contrastada de los servicios públicos». «Esta era la mejor solución posible para garantizar la sostenibilidad del sistema y para dar respuesta a la necesidad actual de los ciudadanos y para no comprometer las necesidades futuras».
De Santiago-Juárez ha recordado que la Junta lleva dos años con acciones de reducción del gasto corriente y ha defendido la necesidad ahora de aumentar los ingresos sin tocar el IRPF y ni reponer el impuesto de sucesiones, al tiempo que ha reconocido que las acciones acordadas «no son agradables de tomar».
De este modo ha defendido además que Castilla y León es de las comunidades autónomas con el sector público más reducido de España con 22 empresas públicas que, como ha destacado, siguen en un proceso de reestructuración.
Finalmente, en respuesta a las acusaciones sobre el «incumplimiento» de los compromisos adquiridos por Herrera, De Santiago-Juárez ha recomendado que se repase «con atención» el discurso de Investidura del presidente, al tiempo que ha recordado que desde junio «han pasado muchas cosas», por lo que ha negado la existencia de un «programa oculto» y sí ha criticado un «déficit oculto». «La realidad cambia y hay que tomar decisiones», ha señalado.
EL PROYECTO DE LEY
El Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras incorpora el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el denominado ‘céntimo sanitario’, una tasa que ya existe en nueve de las trece autonomías de régimen común, incluidas las islas, y que en el caso castellanoleonés se aplicará a 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y 0,2 céntimos por tonelada de fuelóleo, lo que permitirá ingresar 140 millones de euros/año que se destinarán a la financiación de la sanidad.
Asimismo, la Junta recaudará en 2012 del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recuperado por el Gobierno tras elevar el mínimo exento y la valoración de la vivienda habitual al que el Ejecutivo regional no va a renunciar, ya que permitirá ingresar 39 millones de euros, una cantidad que se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con el objetivo de que las rentas más altas ayuden a las familias más necesitadas y en riesgo de exclusión social.
La Junta de Castilla y León va a desarrollar por primera vez en su historia dos tributos propios, en ambos casos de carácter medioambiental, que permitirán ingresar a las arcas regionales un total de 72 millones de euros.
El primero es la denominada ‘ecotasa’, que gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y que proporcionará 60 millones de euros anuales (40 de los embalses, 5 de las líneas de alta tensión y 15 de los parques) que servirán para sufragar acciones de carácter medioambiental y mejoras en la eficiencia energética y en el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos.
El otro nuevo impuesto grabará la eliminación de residuos de vertederos en pro del fomento de la gestión sostenible de los residuos urbanos e industriales. Herrera ha cifrado la recaudación en 12 millones de euros/año que se dedicarán a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.
La suma de los tres conceptos impositivos nuevos supondrá una partida adicional de 212 millones de euros.
