El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el 12 de enero de 2012, el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras sin modificaciones a pesar de las recomendaciones del Consejo Económico y Social (CES) porque las acciones incluidas por el Ejecutivo son «absolutamente necesarias».
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha informado de este acuerdo que ya se ha remitido a las Cortes de Castilla y León para su tramitación con «urgencia» acompañado de la solicitud de que se establezca el resto de enero como periodo hábil para «agilizar» su aprobación, prevista en torno al 1 de marzo.
De Santiago-Juárez ha defendido que es «absolutamente necesaria» la puesta en marcha del Proyecto de Ley en el que se incluye, entre otras medidas, el ‘céntimo sanitario’, la recaudación del Impuesto de Patrimonio en 2012 y la implantación de dos nuevos tributos propios como a ‘ecotasa’ y el relacionado con la eliminación de residuos.
Además el documento establece la congelación de las retribuciones de los empleados públicos en 2012 y el incremento de 2,5 horas en la jornada laboral que pasará de las 35 horas semanales actuales a las 37,5.
La Junta ha dado luz verde de este modo a las acciones anunciadas por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, el pasado 29 de diciembre de 2011 sin incluir las modificaciones propuestas por el Consejo Económico y Social (CES), sobre las que De Santiago-Juárez ha mostrado su «respeto».
En este sentido, el portavoz de la Junta ha insistido en que el CES ha emitido informes «críticos» en otras materias, aunque en este caso no ha ocultado su «sorpresa» por el informe publicado este jueves y que, como ha señalado, se ha modificado en «24 horas», algo que, a su juicio, deberán explicar los miembros del organismo. «No entendemos la rectificación y por qué no lo han explicado», ha manifestado.
El portavoz de la Junta ha insistido en que ahora el Proyecto de Ley debe ser sometido al debate parlamentario, por lo que los grupos podrán presentar enmiendas parciales o a la totalidad del texto, una posibilidad esta última sobre la que no ocultó cierta dificultad dada la mayoría absoluta del PP en las Cortes.
Así ha defendido que las medidas incluidas en esta normativa son «absolutamente necesarias» con el objetivo básico de «mantener la calidad contrastada de los servicios públicos». «Esta era la mejor solución posible para garantizar la sostenibilidad del sistema y para dar respuesta a la necesidad actual de los ciudadanos y para no comprometer las necesidades futuras».
De Santiago-Juárez ha recordado que la Junta lleva dos años con acciones de reducción del gasto corriente y ha defendido la necesidad ahora de aumentar los ingresos sin tocar el IRPF y ni reponer el impuesto de sucesiones, al tiempo que ha reconocido que las acciones acordadas «no son agradables de tomar».
De este modo ha defendido además que Castilla y León es de las comunidades autónomas con el sector público más reducido de España con 22 empresas públicas que, como ha destacado, siguen en un proceso de reestructuración.
Finalmente, en respuesta a las acusaciones sobre el «incumplimiento» de los compromisos adquiridos por Herrera, De Santiago-Juárez ha recomendado que se repase «con atención» el discurso de Investidura del presidente, al tiempo que ha recordado que desde junio «han pasado muchas cosas», por lo que ha negado la existencia de un «programa oculto» y sí ha criticado un «déficit oculto». «La realidad cambia y hay que tomar decisiones», ha señalado.
