La ponencia política que el PP llevará a su próximo Congreso apuesta por recuperar la idea de «Nación española» y plantea fijar un núcleo básico de competencias indelegables por parte del Estado así como dotar a las Cortes Generales de la capacidad para llevar a cabo reformas que requieren por su naturaleza un tratamiento común en el conjunto del Estado. En el capítulo de regeneración democrática plantea añadir un «plus de responsabilidad» para los gestores públicos cuyas decisiones puedan contravenir la racionalidad, la eficiencia o puedan ser gravosas para el futuro.
La citada ponencia, titulada «Comprometidos con España», ha sido realizada por el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti y los presidentes de Castilla y León y el de Melilla, Juan Vicente Herrera y Juan José Imbroda, respectivamente.
En el texto se incluye un capítulo dedicado a la recuperación del concepto «Nación española» y los populares lo sitúan como una de las «principales prioridades» del nuevo «tiempo político». Sobre todo, precisa la ponencia, «tras un período demasiado largo en el que era un «concepto discutido y discutible».
«En el PP reafirmamos que la Nación, sujeto máximo de la soberanía nacional, no es otra que la Nación en que se fundamenta la Constitución y que expresa la voluntad de los ciudadanos», afirma el texto y recuerda que son estos, los ciudadanos y sus derechos, los protagonistas de la Constitución y, por ello, insisten en la existencia de una ‘Nación de ciudadanos’ sobre la que se construye la convivencia.
Además, los populares apuestan por la «leal colaboración» entre el Estado y las CCAA ya que, dicen, «fortalece a la Nación española». Por este motivo, consideran necesario acometer reformas que mejoren el funcionamiento del Estado autonómico y actualicen el pacto constitucional.
Entre ellas, plantean: fijar un núcleo básico de competencias indelegables por el Estado, así como la capacidad de las Cortes Generales para llevar a cabo reformas que requieren por su naturaleza un tratamiento común en el conjunto del Estado.
ASEGURAR LENGUAS OFICIALES Y UNIDAD DE ACTUACION EXTERIOR
También se proponen «asegurar la utilización de la lenguas oficiales en la enseñanza»; garantizar la unidad de actuación exterior del Estado; actualizar el objeto y procedimiento de reforma de los Estatutos de Autonomía y revitalizar la autonomía de las Corporaciones Locales.
Los populares también apuestan por mejorar el sistema judicial, superando la congestión de procedimientos, los retrasos y la producción legislativa deficiente que afecta a la «seguridad jurídica».
Además, los populares defienden la independencia del poder judicial mediante la reforma del sistema de elección de vocales del CGPJ e impidiendo la instrumentalización de la Fiscalía General del Estado.
También quieren mejorar los procedimientos del Tribunal Constitucional garantizando la independencia de sus miembros, contemplando la posibilidad del recurso previo de inconstitucionalidad en la tramitación de reformas estatutarias, delimitando el ámbito de producción de resoluciones interpretativas, reforzando su función como garante del valor normativo de la Constitución y como ‘legislador negativo’ descartando la evolución hacia una mera ‘tercera instancia’.
«PLUS DE RESPONSABILIDAD» PARA GESTORES PUBLICOS
En el capítulo de regeneración democrática, el PP considera que la desafección de una parte importante de los ciudadanos hacia los políticos se debe a causas como «la corrupción, la gestión negligente, el derroche del dinero público o la creación de problemas políticos donde no existían».
Por ello, el PP quiere que los gestores públicos se responsabilicen de las consecuencias de las decisiones que puedan contravenir la «racionalidad o la eficiencia o que se puedan prever gravosas para el futuro». «Queremos añadir un plus de responsabilidad en la gestión pública, comprometiéndonos a actuar en las instituciones y empresas públicas sin hipotecar el futuro de la sociedad y a no adoptar medidas que, pudiendo ser legales, no se ajustan a una actuación eficaz del dinero público», añade la Ponencia.
En este punto, el resumen facilitado por el PP no incluye la posibilidad de que los gestores públicos puedan responder con su patrimonio ante decisiones «absurdas» o «irracionales», tal y como ha asegurado esta mañana Antonio Basagoiti, uno de los autores de la ponencia.
Lo que sí incluyen es la necesidad de «poner en valor la defensa del interés general, las conductas ejemplares y la gestión pública rigurosa así como conseguir una mayor implicación de los ciudadanos en los controles y en las actuaciones de sus gobernantes».
ANDALUCIA, EL PROPOSITO DEL PSOE ES MANTENERSE A COSTA DE LO QUE SEA
En cuanto a lo que afecta al Partido Popular, la ponencia defiende «mayores controles internos» con el fin de «evitar conductas personales poco éticas o que sólo persigan sus propios intereses».
También se refiere a la necesidad de regenera la vida pública en comunidades como Andalucía, donde, dicen que se han producido gobiernos que «gestionan durante largos períodos basados en las viejas ideas y con el único propósito de mantenerse en el poder como sea y a costa de lo que sea».
En este sentido y poniendo como ejemplo también a la Junta andaluza, plantean recuperar principios «tan esenciales» como el de la «separación y el equilibrio de poderes» y afirma que en Andalucía se confunden «las instituciones de todos con las de un partido político».
