¿Ajuste de cuentas? Tras el caso de los ERE, investigado judicialmente, el PP ha encontrado otro filón en Andalucía, arrojando un manto de sospecha sobre sus cuentas públicas y la gestión de la administración autonómica por parte del PSOE.
La delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, se está revelando como un ariete básico para la estrategia política de Javier Arenas. Crespo resaltaba esta semana que en «apenas 15 días» se han registrado serios desencuentros entre los ejecutivos de Griñán y Rajoy: «Primero se vinieron atrás con la merma de 2.000 millones para Andalucía», dijo, en alusión a las afirmaciones de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, sobre el impacto de los recortes y «luego con la rebaja en 1.200 millones de las entregas a cuenta».
La consejera de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, dice que «es muy preocupante» y que «raya la irresponsabilidad» sembrar dudas sobre Andalucía y su capacidad económica, así como «inventarse problemas» en la comunidad andaluza, mientras «se tapan problemas muchos más importantes que hay en otras comunidades autónomas».
Carmen Crespo opina que los socialistas andaluces «ponen el parche antes de la herida» al criticar la gestión del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy ya que parte de unos «presupuestos generales para la comunidad que son completamente irreales y que no se pueden cumplir» ya que el capítulo de ingresos «no es correcto». Crespo sigue la hoja de ruta marcada desde Madrid por su secretaria general, María Dolores de Cospedal, quien sostiene que el déficit presentado por la Junta de Andalucía «no es el que realmente existe» y, a su juicio, en las cuentas públicas andaluzas no hay una actuación «clara y transparente».
Banco de España
Pero ¿qué dice el Banco de España de las cuentas andaluzas? Pues a tenor de la información extraída por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, que ostenta Antonio Ávila, la deuda pública andaluza se situó en el tercer trimestre de 2011 en el 9,5% del PIB, 3,1 puntos inferior a la media de las comunidades autónomas españolas (12,6%).
Según el Banco de España, entre comienzos de 2008 y el tercer trimestre de 2011 (última información disponible), la ratio de deuda pública respecto al PIB en el conjunto de comunidades autónomas ha pasado del 5,8% al 12,6%, el nivel más alto desde que se tiene información (1994). Todas las comunidades autónomas han experimentado crecimientos de la deuda, aunque existen diferencias entre ellas. Andalucía es una de las regiones que registra una ratio deuda inferior a la media, siendo la segunda que ha experimentado el avance más moderado (4,7 puntos), inferior a los 6,8 puntos que de media ha aumentado en el conjunto de regiones.
Junto a Andalucía, se mantienen por debajo de la media las comunidades de Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja y Madrid. En el lado opuesto, las comunidades que presentan un balance más negativo, con una ratio deuda PIB superior a la media, y un incremento relativamente más intenso en el período, han sido Comunidad Valenciana (19,9% del PIB en el tercer trimestre de 2011), Cataluña (19,7%), Castilla-La Mancha (18,3%) y Baleares (16,8%), con aumentos que oscilan entre los 8,1 y los 12,8 puntos. Eso son los datos que esgrime la Junta de Andalucía en su defensa.
Pagos pendientes
Pero para criticars hay que estar al día en los pagos. La estrategia mediática de la Junta no ha sido la mejor precisamente, porque las cañas se vuelven lanzas a las primeras de cambio. Por ejemplo,lLa consejera de Hacienda y Administración Pública envió este lunes una carta al ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, en la que le recuerda que «sin perjuicio de una mejor cuantificación», estima en 1.379 millones de euros el importe de los anticipos devengados en 2011 y pendientes de pago por parte de la Administración central del Estado, por lo que en la misiva reclama dicha cantidad, que a juicio del Gobierno andaluz, se encuentra pendiente de pago. El ardor contable de la consejera, muy discutida por su falta de coraje en determinados episodios, queda en evidencia con poco esfuerzo argumental: ¿Por qué no exigió ese pago al anterior Ejecutivo socialista?, se dice en el PP andaluz.
Pero no. Los desencuentros con Zapatero y su entonces ministra de Economía, Elena Salgado, han sido patentes. En esta nueva misiva, la titular de Hacienda explica que el 3 de junio, la Junta de Andalucía presentó escrito formulando recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Con fecha 7 de junio de 2011, a través de una orden, la entonces ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, resolvió denegar la concesión de los anticipos solicitados por la comunidad autónoma de Andalucía. La Junta de Andalucía presentó entonces, según recuerda la titular de Hacienda, el correspondiente escrito de ampliación de recurso en la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
De paso, la consejera andaluza Martínez Aguayo insiste en que otras comunidades autónomas interpusieron recursos de semejante naturaleza por distintos importes y precisa que «en particular, Madrid y Galicia, precisamente a iniciativa de dos actuales secretarios de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, formularon recursos contencioso-administrativos por la no concesión de los anticipos de 2011».
Solvencia
El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, opina por su parte que el Gobierno de Rajoy conoce «de sobra» la solvencia de Andalucía. «Conoce que nuestro endeudamiento es menor que el de la media de las comunidades autónomas, que Andalucía tiene una deuda por habitante de unos 1.700 euros, Valencia de más de 4.000 y Cataluña de unos 6.000», asegura Griñán.
Y el presidente andaluz concluye que como consecuencia de ello, «Andalucía no ha tenido que ser socorrida por el Estado, puesto que no hemos pedido un solo euro ni un aval a la Administración del Estado». Es una evidencia. Lo que a Griñán le preocupa más que las dudas del PP es saber cómo afectarán a Andalucía los recortes de 9.000 millones de euros que el Gobierno español aprobó el pasado 30 de diciembre, pues se verán comprometidas partidas «clave» para la gestión de la Comunidad.
La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, «se teme» que hasta el 25 de marzo -fecha de las elecciones andaluzas- el Gobierno de España «no va a ser un Gobierno para todos los españoles, sino que va a ser un Gobierno que va a trabajar para todos los españoles, y que de Despeñaperros para abajo se va a convertir en un Gobierno del Partido Popular».
Afirma Moreno que «principal» obligación de un Gobierno «es generar confianza», y «no se genera confianza» ni hacia Andalucía ni hacia el conjunto de nuestro país «con informaciones falseadas y con afirmaciones que son muy irresponsables porque no responden a la verdad, y lo único que hacen es poner en jaque la confianza y el crédito de Andalucía».