El PSPV exhibe una factura que relaciona a Roca con otras cuatro depuradoras valencianas además de la de Pinedo

La diputada socialistas y secretaria general de los Socialistas Valencianos en la provincia de Valencia, Carmen Martínez, ha exhibido este miércoles una factura que figura en un informe de la Agencia Tributaria de Cataluña dentro del sumario del ‘caso Emarsa’ y que relaciona al empresario catalán Jorge Ignacio Roca, actualmente en busca y captura, con otras cuatro depuradoras de la Comunidad propiedad de la Generalitat, como son la de Calp, Tavernes de la Valldigna, Sagunt i Canet, y Carlet, además de la de Pinedo.

Martínez, que ha mostrado la factura en rueda de prensa, ha señalado que el que el nombre del «principal imputado» en el ‘caso Emarsa’, –que investiga la gestión de la depuradora de Pinedo por un agujero de 17 millones euros– aparezca cobrando trabajos en otras cuatro depuradoras valencianas «cuestiona toda la gestión de los responsables de la Consejería de Medioambiente a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), no solo en la «tristemente famosa» depuradora de Pinedo, sino en todo el departamento.

En concreto, la factura emitida por Zonday Investments SL, sociedad de la que Roca era administrador único, cobró en 2005 un total de 46.168 euros a Aqualia Gestión Integral del Agua SA en concepto de redacción de documentos técnicos de soporte a las plicas de los sistemas de saneamiento de las estaciones depuradoras de Calp, Tavernes de la Valldigna, Sagunt i Canet, y Carlet, 11.542 euros más IVA a cada una, recogidas en una sola factura.

Sin embargo, junto a esta misma factura, el informe elaborado por la Agencia Tributaria de Cataluña e incorporado al sumario del caso determina que «ninguna de sus sociedades tenía medios humanos ni materiales ni financieros para desplegar las supuestas actividades que se atribuyen».

De hecho, «no podía trabajar ni para Emarsa ni para ninguna otra empresa» ha agregado la diputada socialista y ha recordado que «el mismo juez considera que las empresas de Roca fueron colocadas de forma interpuesta entre la que realmente realizaba la gestión de lodos con la finalidad de incrementar artificiosamente el valor de sus trabajos».

Esto «ha encendido todas nuestras alarmas» ha alertado Martínez, quien tras tener acceso a esta factura a vuelto a exigir al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ponga en marcha «inmediatamente» la comisión de investigación sobre el caso Emarsa que hace ahora dos meses anunció que apoyaría, algo que según Martínez, fue únicamente una «maniobra claramente publicitaria».

Así, le ha instado a depurar responsabilidades en Emarsa y en la Epsar «caiga quien caiga» y ha advertido de que el PSPV pedirá «ver los expedientes de contratación y a qué empresas se le han adjudicado los contratos».

La secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia ha recordado que el Consell tardó año y medio en personarse en la causa Emarsa y ahora, dos meses después de anunciar que apoyaría la propuesta del PSPV de crear una comisión de investigación, en los que han remitido tres escritos a la Mesa solicitando habilitar el mes de enero para iniciar los trabajos, sigue sin ponerse en marcha, ha lamentado.

LA PUNTA DEL ICEBERG, COMO LOS TRAJES DENTRO DE GüRTEL

En su opinión, «Fabra y el PP no quieren que la comisión de investigación se ponga en marcha y seguramente tienen muchas cosas que ocultar».

A su juicio, esta factura da una «nueva clave» de por qué el PP no tiene «ningún interés» en que se ponga en marcha la investigación. «Emarsa es la punta del iceberg de lo que realmente ha podido pasar en los fondos de la Consejería de Medioambiente, en la Epsar». «Es como los trajes del ‘caso Gürtel’, la punta del iceberg en un gran caso de corrupción, solo que aquí los trajes valen más de 40 millones de euros de Emarsa desaparecidos».

Para Martínez, la gestión de las 446 depuradoras que gestiona la Generalitat está «bajo sospecha» porque los mismos dirigentes de la Epsar, que han aportado sin seguir el procedimiento reglamentario dinero a Emarsa en la época del saqueo, han gestionado en los últimos 10 años casi 4.000 millones de euros de dinero público y casi la mitad han sido aportados en el recibo del agua por los ciudadanos del área metropolitana en la tasa de saneamiento.

«La situación de quiebra de la Generalitat tiene unos responsables que deben dar la cara y que son del PP» ha remarcado. «Fabra no puede ser el presidente que siente vergüenza por todo, que motivos tiene, pero el que tampoco actúa en nada». Por ahora, está «encubriendo» al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, que fuera presidente de la Emshi, propietaria de Emarsa, Enrique Crespo, a quien mantiene en la dirección regional del PP y «no se atreve a enfrentarse ni a (la alcaldesa de Valencia) Rita Barberá ni al (presidente de la Diputación) Alfonso Rus».

Así, ha criticado que en todo este tiempo «nadie en el PP ha mostrado el más mínimo interés en aclarar por qué se autorizaron pagos de 120 millones de la EPSAR a Emarsa», según ha dicho, «en base a dos convenios ilegales, que no eran validos porque nunca fueron aprobados por la entidad metropolitana y los técnicos no asistían a las reuniones en las que se decidían las obras y los importes y volúmenes económicos a realizar».

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