Pasan a disposición judicial los dos detenidos en Tarragona por incidentes en la huelga general

Pasan a disposición judicial los dos detenidos en Tarragona por incidentes en la huelga general
Miembros de un piquete tratan de cerrar un supermercado en el centro de Tarragona, en la jornada del 29 de marzo, huelga general. EFE/Archivo

Los dos detenidos ayer por los Mossos d’Esquadra por su supuesta implicación en los incidentes ocurridos en Tarragona durante la huelga general del pasado 29 de marzo han pasado esta mañana a disposición judicial.

A las 08.40 horas, una furgoneta ha introducido en los Juzgados tarraconenses a los dos detenidos, que están acusados de participar en los alborotos del campus de la Universidad Rovira i Virgili y en otros desórdenes públicos en la ciudad.

Los detenidos en Tarragona están acusados de cruzar contenedores en la vía, lanzar objetos a comercios, tirar piedras a una sede local del PP en Tarragona y agredir a un agente de los Mossos d’Esquadra.

Las detenciones se practicaron en el marco de un dispositivo policial desplegado entre la mañana y primera hora de la tarde del jueves, según las mismas fuentes.

Los dos detenidos en Tarragona son Robert M.M., de 18 años y nacionalidad española, acusado de daños, desórdenes públicos y coacciones, y Josep Maria M.C., de 28 años y también de nacionalidad española, acusado de daños, desórdenes públicos, coacciones y contra la seguridad del tráfico.

El Ayuntamiento de Tarragona cifró en 51.000 euros los daños sufridos por el patrimonio urbano durante la jornada de huelga, mientras que la Rovira i Virgili cuantificó en casi 9.000 euros los daños en su aparcamiento.

Según los movimientos sociales de Tarragona, uno es militante de Endavant, y el otro, del PCPC.

Ambos han pasado a disposición judicial a una hora muy temprana para evitar su llegada con la concentración de apoyo a los detenidos y rechazo a su arresto convocada a las 09.00 horas por los movimientos sociales.

Tras la batalla campal del 29M, que fue especialmente intensa en el centro de Barcelona, el Gobierno central y la Generalitat han iniciado una ofensiva para endurecer el Código Penal para castigar con mayor dureza a los alborotadores.

En Cataluña, el conseller Felip Puig ha advertido de que los grupos de «guerrilla urbana» ya aglutinan a alrededor de 2.000 personas, por lo que ha anunciado que incrementará las unidades antidisturbios en cien efectivos y que creará una web en la que colgarán imágenes sobre los incidentes para que los ciudadanos pueda delatar a los alborotadores.

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