La Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) ha solicitado hoy al PP y al PSOE que intenten incorporar a los presupuestos generales sus reivindicaciones para flexibilizar la tasa de reposición, evitar el recorte en pequeños municipios e incrementar la partida de políticas activas de empleo.
Una delegación de la Femp, encabezada por sus vicepresidentes primero y segundo, Abel Caballero y Fernando Martínez-Maíllo, respectivamente, ha mantenido sendos encuentros en el Congreso con los portavoces del PP y del PSOE, Alfonso Alonso y Soraya Rodríguez, para presentarles sus propuestas de cambios a las cuentas públicas.
El plazo para que los grupos registren sus enmiendas parciales a los presupuestos finaliza mañana a las dos de la tarde.
Además de estas reivindicaciones presupuestarias, los representantes de la Femp han trasladado a los dos principales grupos parlamentarios su preocupación por la situación de unos 2.000 municipios que no han presentado sus planes de ajuste para acogerse al plan de proveedores y el proyecto del Gobierno para reestructurar la administración pública y evitar duplicidades en las competencias.
El PP ha avisado, a través de su portavoz de Administraciones Públicas en la Cámara Baja, Juan José Mataría, de la dificultad de que se puedan asumir las enmiendas de los regidores que comportan aumento del gasto.
No obstante, ha subrayado que esos presupuestos, a pesar de ser «muy austeros», incrementan en un 8 por ciento la financiación municipal en su conjunto y que su grupo parlamentario estudiará con interés las enmiendas de la Femp.
El PSOE ya les ha comunicado que asumirá su petición de que se vuelvan a consignar 45 millones de euros para el plan de ayudas a municipios con menos de 20.000 habitantes y se recuperen partidas que «castigan» a las entidades locales, según ha afirmado Rodríguez.
Desde la Femp, Caballero ha remarcado la necesidad de que se retiren los recortes a los ayuntamientos, especialmente «muy significativos» en políticas sociales y activas de empleo, escuelas infantiles y transportes.
Para evitar precisamente el deterioro de los servicios públicos, los consistorios han solicitado que se reconsidere la regulación establecida para la tasa de reposición de empleados públicos, que se había fijado en un diez por ciento.
Además, Caballero ha abogado por «tratar de recuperar una parte» de las partidas suprimidas en políticas activas de empleo y se aumenten en 1,11 millones de euros.
Otra de las iniciativas es que se aporten 37,8 millones de euros más al plan concertado de prestaciones básicas para los servicios sociales de las corporaciones locales, para evitar que cierren 580 centros de servicios sociales y se pierdan 12.000 puestos de trabajo.
Entre sus propuestas de enmiendas, han incluido la consignación de 28,9 millones de euros para el programa de teleasistencia domiciliaria del IMSERSO y el aumento de 19,73 millones de euros para cofinanciar servicios de transporte público colectivo urbano.
También han pedido en sus propuestas que se incremente en 1,3 millones de euros la dotación presupuestaria para la Femp a fin de que la partida sea igual que la del año pasado (3,33 millones de euros).
Además, han reclamado que se suban los fondos para la gestión del cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad, los planes de desarrollo rural y conservación de la biodiversidad y las campañas de sensibilización del cambio climático.
Los ayuntamientos han presentado a los principales partidos otras posibles enmiendas como la ampliación a otros consistorios con problemas, como el de Los Barrios (Cádiz), las medidas incluidas para Marbella en este proyecto de ley.
En estos encuentros en la Cámara Baja también se ha tratado el problema de duplicidades de competencias entre administraciones, algo que, según Martínez Maíllo, el Gobierno está dispuesto a resolver.
Caballero ha precisado que la Femp está elaborando un documento sobre esta cuestión y ha insistido en que el Gobierno no podrá aprobar mañana ninguna ley que cambia el estatus municipal sin antes hablar con los ayuntamientos.
Sobre la mesa también ha estado el plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, al que se han acogido 4.622 ayuntamientos para pagar casi dos millones de facturas, con un valor de 9.584 millones de euros.
La Femp ha mostrado su preocupación por la situación de 2.000 ayuntamientos que no han adjuntando los obligatorios planes de ajuste necesarios.
