Un Tribunal de Cuentas y, al mismo tiempo, múltiples cámaras de cuentas regionales; un Defensor del Pueblo español y, a la par, defensores del pueblo regionales; un Instituto nacional de Comercio Exterior (ICEX) y, en paralelo, entes autonómicos para la promoción comercial internacional de su respectiva regional; un Consejo Económico y Social de España que convive con consejos económicos y sociales regionales; una Agencia de Protección de Datos nacional y, al mismo tiempo, tres más de ámbito autonómico; una Agencia Española de Cooperación al Desarrollo y, en paralelo, entes regionales dedicados a las mismas funciones.
Explica Roberto Pérez en ‘ABC’ que la lista de duplicidades es tan larga como abultado el dinero público que se dedica a sostener esas estructuras.
La cifra sobrepasa ampliamente los 700 millones de euros al año entre lo que, para ejercer una misma competencia, dedican la Administración del Estado y los gobiernos autonómicos.
Promoción comercial exterior
Y esto contando sólo aquellas materias que cuentan con entidades oficiales específicas. A esto habría que añadir otras competencias que, con el paso de los años, se han ido solapando entre Gobierno central, Ejecutivos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos.
El caso de la promoción comercial exterior es el más revelador con más de 300 millones gastados por las Comunidades Autónomas, con gastos de personal que superan los 30 millones de euros.
