rea tasas y peajes y prohíbe nuevos contratos en las empresas públicas
Esperanza Aguirre se ha propuesto liderar las reformas políticas y el primer paso para ello lo dará este 7 de junio de 2012, cuando el Consejo de Gobierno que preside dé el visto bueno al plan de ajuste de la Comunidad de Madrid en el que se incluirá una reforma del Estatuto de Autonomía que reduzca de 129 a 65 el número de diputados autonómicos.
La intención de la presidenta autonómica es acometer un «importante tijeretazo» y reducir a la mínima expresión la Asamblea regional.
La mayoría absoluta de la que el Partido Popular goza en el Parlamento madrileño confirma que dicha modificación será un hecho y la intención del Gobierno de Aguirre es que la reforma se tramite cuanto antes y sea aprobada por el Pleno de la Asamblea regional antes del verano.
Según las mismas fuentes, el Grupo Popular aspira a obtener el apoyo de Unión Progreso y Democracia (UPyD), cuyos representantes en la Comunidad pidieron este 6 de junio por enésima vez una rebaja del 10% de los sueldos de los parlamentarios autonómicos, cuyo sueldo mínimo es de más de 3.000 euros al mes.
Eso sí, esta modificación del número de diputados autonómicos se producirá en la próxima legislatura.
En la última composición de la Cámara, en mayo pasado, se aumentó en ocho el número de representantes debido a un incremento poblacional que desde 1999 ha provocado que el Parlamento de Madrid haya crecido desde los 102 representantes hasta los 129 actuales.
Pero la reducción de los representantes autonómicos no es, ni mucho menos, la única medida que se aprobará.
La presidenta madrileña tiene la intención de crear nuevos peajes en las carreteras de titularidad autonómica, entre ellas, la M-45, la M-50 o la denominada carretera de los pantanos, M-501.
Las subvenciones a las guarderías infantiles también se reducirán y se crearán nuevas tasas.
En este punto, uno de esos servicios que presta la Administración y que se incluirán en el nuevo catálogo será el registro de las parejas de hecho, que costará 80,50 euros. Otra que podría subir es la que pagan aquellos ciudadanos que acogen a perros de las perreras públicas.
En el capítulo de reducción de gastos se incluirá también una merma del 20% del pago que la Comunidad hace a los abogados de la Justicia gratuita.
Aun así, explican desde el Gobierno regional, los abogados de oficio madrileños cobrarán un 40% más que los que trabajan, por ejemplo, en la Audiencia Nacional.
Sin ‘doblesueldos’
El Gobierno de Aguirre también aprobará hoy dentro de ese paquete de medidas económicas recogidas por la Ley de Modificación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid la eliminación del denominado doblesueldo del que gozan los viceconsejeros autonómicos que también son diputados regionales y que les supone unos ingresos adicionales de unos 1.000 euros.
Como ya han hecho otros Gobiernos regionales en Andalucía, Cataluña y Canarias, Aguirre se suma también a la reducción del sueldo de los empleados públicos, aunque en esas autonomías el recorte salarial ha sido del 5%. Los funcionarios perderán un 3,3% de su sueldo, lo que se suma a la bajada general de entre un 5% y un 7% realizada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los altos cargos de la Administración madrileña -de director general en adelante-, así como los puestos políticos y el personal de confianza, sufrirán un recorte del 10% del sueldo.
Es decir, que Aguirre, los consejeros, viceconsejeros y los secretarios técnicos tendrán una penalización mayor que la de la plantilla de la Administración.
Interinos
Quienes más sufrirán los recortes serán los interinos. Según el plan de ajuste para 2012-2014, presentado por el Gobierno de Aguirre ante el Ministerio de Hacienda, la intención de Aguirre era rebajar «al máximo» ese personal.
Para intentar mantener los puestos de trabajo, los interinos verán reducida su jornada y su sueldo un 10%. Eso sí, los docentes y «asistenciales» -aquellos que trabajan en sanidad y servicios sociales- quedarán exentos.
En materia de personal también se establecerá la jubilación obligatoria a los sanitarios cuando cumplan los 65 años, con una reserva del 30% en el caso de médicos especialistas.
«Asimismo», explican desde el Gobierno regional, «se reorganizarán las libranzas de guardias».
Otra medida será la «prohibición» de contratar personal en las sociedades dependientes de la Comunidad de Madrid.
NOTA.- leer artículo original en ‘La Gaceta’