La Generalitat es el tercer Gobierno autónomo que decide acogerse al Fondo de Liquidez y la deuda catalana asciende a 42.000 millones de euros, la más alta de España
Cataluña será la tercera comunidad, tras la Comunidad Valenciana y Murcia, que pedirá el rescate del Gobierno central a través del Fondo de Liquidez Autonómica.
Acuciado por una deuda de 42.000 millones de euros, la más alta de España, e incapaz de hacer frente al pago de sus proveedores, el Ejecutivo de Artur Mas acudirá finalmente a este mecanismo, una opción que sopesaba desde hace días.
El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha anunciado este 24 de julio de 2012 que el Ejecutivo de CiU pretende acogerse «a todo tipo de líneas de financiación que faciliten nuestra tesorería».
«Es lo que hemos venido haciendo y es nuestra obligación».
Homs no ha querido adelantar la cifra que Cataluña pedirá y ha insistido en que acogerse a lo que ha demoninado un «plan ICO-4» puesto en marcha por el Gobierno no implica «un rescate».
El portavoz del Gobierno considera que hablar de rescate autonómico es parte de «una operación mediática para desgastar la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España».
Según Homs, Cataluña no tendrá que hacer ningún esfuerzo suplementario para acogerse al fondo de rescate:
«Hace pocos días aprobamos un plan de ajuste y ya hace muchos meses que tenemos una situación de seguimiento de nuestras cuentas por parte del Gobierno central».
«No hay ninguna nueva condición».
En su comparecencia semanal tras la reunión del gobierno que preside Artur Mas, el portavoz no ha querido referirse a la palabra «rescate» y ha recurrido a todo tipo de ambigüedades y regates dialécticos, pero ha venido a confirmar que la Generalitat ya tiene asumido que deberá acudir a la «línea de liquidez» del Gobierno español.
Homs ha subrayado que el ejecutivo catalán lleva tiempo acudiendo a la financiación y ha insistido en que existe «una operación mediática para desgastar la Generalitat y otras comunidades autónomas».
«Estamos recurriendo a las líneas de crédito que ofrece la administración central del estado. Considerar este tipo de acceso a las líneas de liquidez como un rescate es un error, porque la idea del rescate o intervención tienen una connotación catastrofista».
Al ser preguntado sobre si la Generalitat aceptará las condiciones del rescate, Homs ha admitido que siempre que alguien presta dinero a otro impone condiciones.
Como explican Miquel Noguer y Lluís Pellicer en ‘El País’, los problemas financieros de la Generalitat la han llevado a pedir sucesivos préstamos y a emitir bonos minoristas.
El Gobierno catalán sigue tratando de ir sorteando los vencimientos de deuda que debe afrontar en el segundo tramo del año, que ascienden a 5.755 millones de euros.
De momento, la Generalitat ha empezado a renegociar con la banca acreedora un crédito sindicado de 800 millones de euros, que se añadiría a las operaciones que ha ido rubricando en el último mes y que ascienden a cerca de 450 millones de euros.
En realidad, el Ejecutivo catalán ya ha accedido a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las comunidades, por lo que le convendría acceder de nuevo a fondos estatales, con un tipo de interés mucho más bajo que los que ofrece el mercado.
Sin embargo, las condiciones publicadas por el BOE implican un férreo control de las finanzas por parte del Gobierno central.
Se trata sobre todo de condiciones financieras y fiscales, incluida la posibilidad de que el ministro de Hacienda, Critóbal Montoro, pueda mandar, en última instancia, a sus hombres de negro en caso de incumplir esos requisitos.
Los acreedores de la Generalitat ya daban por hecho que la comunidad debería acudir al fondo de rescate.
De hecho, las entidades acreedoras de la Generalitat ya empiezan a reclamarle, según fuentes conocedoras de la negociación, que el FLA cubra los próximos vencimientos de esa deuda.
