El Ministerio de Hacienda se blinda y avisa de que no pasará ni una
«No hay ningún hueco para la insumisión» de comunidades autónomas debido al compromiso «asumido» por el Estado español ante Bruselas.
Así de contundente se mostró este 1 de agosto de 2012 la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, un día después del plante protagonizado por Andalucía y Cataluña en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y de que Asturias y Canarias votaran en contra de los límites de déficit y endeudamiento.
Según Fernández Currás, por las buenas o por las malas todas las comunidades deberán cumplir, puesto que el Gobierno cuenta con la baza de los mecanismos desarrollados en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que son «fortísimos».
La polémica arrecia en tierras de José Antonio Griñán y de Artur Mas después del «espectáculo bochornoso», en palabras del líder del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, vivido el martes por la tarde.
La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, anunció este miércoles que se dirigirá al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que «revise» la «penalización» a Andalucía en su límite de endeudamiento, que obliga a la Junta a elaborar sus presupuestos para 2013 con unos 2.700 millones de euros menos.
Poco después, José Antonio Griñán convocó para el jueves un Consejo de Gobierno extraordinario que autorizará «todos los recursos por vía contencioso-administrativa y constitucional» contra los acuerdos del CPFF.
Martínez Aguayo señaló que su marcha de la reunión del CPFF le supuso un «auténtico disgusto», pero tuvo que adoptar esta posición «en defensa del interés de Andalucía» porque «no tiene sentido que comunidades que incumplen el objetivo de partida», entre las que citó a Valencia y Castilla-La Mancha, «sean dotadas de una capacidad adicional de incumplimiento» y que, por el contrario, «las comunidades que cumplimos de partida» como Andalucía «seamos penalizadas en este cumplimiento».
Sin embargo, para el líder de la oposición andaluza esta postura es egoista:
«Andalucía no puede pedir un trato preferente porque un mayor nivel de endeudamiento de esta comunidad ahogaría al resto».
Desde Cataluña, el otro epicentro del motín, el PSC y PP reprobaron el «teatro» del conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, y su «actitud irresponsable e hipócrita», en palabras del socialista Josep Maria Sabaté.
Y eso que Cataluña no ha salido precisamente mal parada. Según lo aprobado en la reunión de este miércoles, será la comunidad que más podrá endeudarse: el 22,81% de su PIB (45.149 millones de euros) para este año y el 23,6% (47.279 millones) para el próximo. Por detrás se sitúan la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
