El Grupo Socialista recurrió este 29 agosto 2012 a una artimaña parlamentaria para aplazar la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves, en la comisión que investiga el escándalo de los falsos ERE.
Un día después de que el ex interventor general de Hacienda, Manuel Gómez, desmontara la versión del Gobierno andaluz sobre el caso -aseguró que denunció hasta en 15 ocasiones las irregularidades sin que la Junta le hiciera ningún caso-, los socialistas solicitaron retrasar a la última jornada la intervención de Chaves y de Griñán, alegando que lo «lógico» es que ellos cierren la comisión.
El hecho de que se vaya a producirse una segunda tanda de comparecencias fue la justificación esgrimida por el PSOE, que argumentó que no tendría sentido que el presidente de la Junta y su antecesor declararan en medio del resto de comparecientes.
Sin embargo, este era un hecho contemplado desde el principio y no fue hasta ayer cuando los socialistas movieron ficha para evitarlo. Tampoco hicieron nada cuando se supo que la ex consejera Magdalena Álvarez y el receptor de ayudas públicas Ángel Rodríguez de la Borbolla tendrían que posponer su intervención para el final.
«Qué casualidad que lo decidan a dos días de la comparecencia y después de un informe de Intervención que alertaba a Griñán de las irregularidades y este no tomó medidas», señaló el portavoz del PP en la comisión, Carlos Rojas. El diputado popular calificó de «fuga» la maniobra de los socialistas para no asumir responsabilidades.
El PSOE solicitó más comparecencias, «al objeto de aclarar y ofrecer más información» sobre el caso. Con esas nuevas intervenciones tenían una razón añadida para defender la «reprogramación» del calendario y posponer la declaración de Chaves y Griñán, que en un principio estaba prevista para mañana. Izquierda Unida dio una respuesta favorable a estas reclamaciones e hizo posible que la estrategia socialista tuviera éxito. Será hoy cuando se fije el calendario definitivo.
Mientras tanto, ayer le llegó el turno a la actual consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y al ex titular de Presidencia, Gaspar Zarrías. Ambos abrazaron la estrategia de cargar toda la responsabilidad de los presuntos fraudes en la Consejería de Empleo, encargada de conceder las ayudas investigadas.
Aguayo defendió la legalidad de la partida 31-L -el fondo de reptiles, de donde salió el dinero presuntamente defraudado- y aseguró que las «deficiencias» detectadas por el interventor general no debieron ser solucionadas por su departamento, sino por la Consejería de Empleo.
«No tenemos competencia ni hemos sido requeridos para ninguna actuación», zanjó.
Zarrías, por su parte, negó conocer la existencia de los informes sobre las anomalías. «Nunca nadie», proclamó, le hizo saber que había «irregularidades». De haber tenido conocimiento de ello, «hubiera puesto en marcha los mecanismos existentes para reconducir la situación».
El ex consejero de Presidencia también negó que despachara con la Dirección General de Trabajo -quien concedía las ayudas fraudulentas- y que conociera el convenio que permitió eludir durante años el control de los ERE falsos.
