Para el partido magenta es vital una mayor seguridad jurídica y transparencia

​UPyD propone liberalizar los contratos de alquiler para paliar el problema de la vivienda

"Es necesario reorientar las Viviendas de Protección Oficial exclusivamente a este mercado"

​UPyD propone liberalizar los contratos de alquiler para paliar el problema de la vivienda
Demolición de una vivienda. IP

Todo ello debería ir acompañado de un incremento al máximo del control periódico en las adjudicaciones

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Baleares propone una serie de medidas urgentes y necesarias para dar una solución al problema de la vivienda que, en palabras de su portavoz Juan Luis Calbarro, «a diferencia de otras polémicas artificiales sí constituye una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos en la coyuntura de crisis económica que vivimos.»

Las medidas que propone UPyD contemplan la liberalización de los contratos de alquiler, aumentando la seguridad jurídica de los propietarios y reduciendo trabas a los inquilinos. «Proponemos aumentar la seguridad jurídica haciendo más rápida la resolución del contrato y el desahucio en caso de impago de alquiler» explica Calbarro, «para lo cual resulta necesaria una reforma legal que permita a los notarios acreditar el incumplimiento del pago del alquiler y declarar el desahucio del inmueble si las partes lo han acordado así en el contrato de alquiler, en un procedimiento similar al de las ejecuciones hipotecarias».

VPO de alquiler, con control y máxima transparencia

Por otra parte, UPyD defiende también la necesidad de reorientar las Viviendas de Protección Oficial exclusivamente al mercado de alquiler, fomentando el acceso a la vivienda en alquiler y el incremento del parque público y privado de este tipo de viviendas, mediante conciertos entre el sector público y el privado así como estímulos fiscales a los promotores privados y a las gestoras de cooperativas.

El portavoz de UPyD Baleares ha querido señalar que «se entiende que todo ello debería ir acompañado de un incremento al máximo de la transparencia y el control periódico en las adjudicaciones de vivienda sometida a algún régimen de protección o provenientes de enajenaciones del patrimonio público del suelo para evitar los fraudes e irregularidades que se han producido en el pasado».

 

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