Cambiar la ley electoral con el objetivo de reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasarán de los 68.578 actuales a 47.240 (un 31,1 % menos) en la próxima legislatura
Después de los intentos fallidos del anterior Gobierno y de un primer amago al principio de la actual legislatura, el Ejecutivo, los principales partidos y los alcaldes han retomado los contactos para aprobar durante este semestre una reforma que marque un antes y un después en la vida municipal.
El Gobierno ha incluido dentro del Plan Nacional de Reformas, del que forman parte más de cuarenta iniciativas legislativas de cara a marzo de 2013, una nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que delimitará las competencias municipales y evitará duplicidades.
El Ejecutivo ha llegado a cifrar en 3.500 millones de euros el ahorro que supondría poner en marcha esta nueva ley, que irá también acompañada de una reducción del número de concejales a través de un cambio en la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
Se trata de una serie de modificaciones en la vida local de gran complejidad y que requieren de un gran consenso, según han resaltado desde el Gobierno y los municipios, que llevan ya meses tratando tanto en público como en privado este proyecto.
El propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reiterado en las intervenciones parlamentarias en las que ha tratado este cambio en los ayuntamientos su voluntad de llegar a un consenso tanto entre partidos políticos como con las entidades locales.
Su ministerio sigue trabajando en este proyecto con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y con las comunidades autónomas, según han dicho a Antonio Ruiz Valdivia de la Agencia Efe fuentes del departamento, que han especificado que se negocia el documento que vio el Consejo de Ministros en julio, aunque ha sufrido algunas variaciones desde entonces.
El PP y el PSOE también arrancaron la semana pasada las negociaciones para intentar consensuar esta reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.
El secretario ejecutivo de Política Local del PP, Manuel Cobo, y el responsable de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, se reunieron para diseñar el calendario de esta negociación, que se intensificará una vez que se celebren los comicios catalanes del próximo 25 de noviembre, según fuentes del PP.
Populares y socialistas abordan con voluntad de acuerdo esta reforma, a la que quieren incorporar a más partidos políticos, pero constataron que tienen planteamientos iniciales que distan bastante.
El Gobierno ya tomó el pulso de los socialistas antes del verano en una serie de conversaciones protagonizadas por Zarrías y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que no llegaron a buen puerto.
La intención era pactar un texto para enviarlo a las Cortes antes de que finalizara el anterior periodo de sesiones con el máximo consenso.
¿Y las diputaciones?
¿Qué separó entonces al Gobierno y al PSOE? El papel de las diputaciones fue uno de los principales obstáculos para el pacto, pues el ministerio tiene en mente potenciarlas para gestionar servicios obligatorios mínimos, mientras que los socialistas han apostado incluso por su desaparición y creen que abriría la puerta a la privatización de las prestaciones municipales.
Con esta norma, el Gobierno también pretende que las entidades locales se adapten a la nueva ley de estabilidad presupuestaria y evitar que gasten más de lo que ingresan.
La intención del Ejecutivo en esta reforma local pasa además por limitar los sueldos municipales, de manera que ningún alcalde ni presidente de Diputación pueda cobrar más que un ministro (68.981,88 euros).
Otro de los puntos clave en este proceso será la modificación de la ley electoral con el objetivo de reducir en un tercio el número de concejales existentes, que pasarán de los 68.578 actuales a 47.240 (un 31,1 % menos) en la próxima legislatura municipal.
Izquierda Unida, la tercera fuerza con más concejales en España, no ha sido llamada a estas conversaciones, aunque estaría dispuesta a acudir, ha explicado a Efe su responsable institucional, Montserrat Muñoz, quien sostiene que la propuesta del Ejecutivo retrotrae al modelo de ayuntamiento de hace treinta años.
Tampoco ha sido convocado hasta el momento a estas reuniones entre el PP y el PSOE ningún representante de CiU, el tercer partido con más alcaldes y que lleva años reclamando cambios para mejorar la organización y la financiación municipal, según han comentado a Efe fuentes nacionalistas.
Pero esta negociación se mueve en distintos tableros, como el de la propia FEMP, donde no han llegado todavía a consensuar su postura los alcaldes del Partido Popular y del PSOE. El presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, insiste en que la reforma debe ir íntimamente vinculada al acuerdo político y consideró hace una semana que era «enormemente positivo» el proceso iniciado, en este sentido, entre los dos principales partidos.
La reforma local se enfrenta ahora a un intenso proceso de negociaciones, con muchos protagonistas y voces de todos los colores políticos que pretenderán influir y determinar la nueva etapa de la administración más cercana a los ciudadanos.
