A los escándalos de los ERE, Invercaria o el fraude en ayudas al empleo con fondos de la UE, todos ellos bajo investigación judicial actualmente, se suma ahora el uso de fondos públicos de al menos 35 millones de euros por parte de José Antonio Griñán, que preside la Junta de Andalucía desde abril de 2009.
Cuenta Carlos Pizá en El Economista que, en primer lugar, por la importancia del volumen económico cuestionado, está la ayuda de 16,6 millones otorgada por la extinta Consejería de Empleo –hoy integrada en Economía– a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) el 19 de abril de 2011. Un ente que empleaba a 1.500 personas que no habían pasado ningún proceso de selección y que estaban, en su inmensa mayoría, vinculadas al PSOE directa o indirectamente (son familiares de altos cargos socialistas, de UGT o de CCOO).
Se da la circunstancia de que el mismo día que se concedió esa ayuda, el Gobierno andaluz decidió suprimir la Faffe para integrarla en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como parte del proceso de reorganización del sector público empresarial iniciado por la Junta en 2010. Esta integración también está suspendida por el TSJA y los empleados restantes de Faffe, más de mil, se encuentran en un limbo jurídico, aunque cobrando sus nóminas.
Esa coincidencia temporal entre la concesión de la ayuda y la supresión del ente que la recibía hizo que el CSIF recurriera esa decisión. Ahora, el TSJA ha decidido declararla «nula de pleno derecho» por ser una «subvención nominativa a una fundación ya extinguida». Y obliga a que el SAE la devuelva a la Consejería de Economía. La consecuencia es que el organismo que atiende al millón largo de parados andaluces tendrá aún menos presupuesto en el momento en el que más recursos harían falta.
En paralelo, la Fiscalía del TSJA ha actuado de oficio para pedir a la Policía que investigue el destino del dinero público, por importe de 15,5 millones, otorgado por el consejo de Gobierno de la Junta en enero de 2012 a la Fundación Instituto Andaluz para el Bienestar Ciudadano (Fibic) y cuya concesión apareció publicada boletín oficial de Andalucía (BOJA) en agosto. Sin embargo, el Fibic fue suprimido año y medio antes de otorgarse esa subvención, en junio de 2010, como consecuencia del primer plan de reequilibrio financiero de la Junta. ¿Dónde ha ido a parar ese dinero?
Fibic quedó adscrito a la Agencia Andaluza del Conocimiento, que no aparece como beneficiaria de esa ayuda en ningún caso. Para más inri, el edificio que debe de acoger este proyecto en el PTA de Málaga debía haberse terminado en 2012, pero está a medio hacer porque la propia Junta no paga esas obras a la constructora que se las adjudicó, la sevillana Detea, que además está en concurso de acreedores.
Por último, se ha conocido en los últimos días, merced al informe concursal de los administradores de la quebrada Federación de Mujeres Progresistas de Andalucía, que la Junta dio ayudas a esta ONG plagada de afines al PSOE doce días antes de declararse en concurso. En concreto, 207.830 euros. En total, recibió 3,7 millones de varias consejerías de la Junta, que ha sido su principal financiador desde 1991.
