Lo único que se acepta hasta ahora por parte de los responsables es que la exdirectora del Centro Natura fue despedida de forma improcedente
Andrés Garau, presidente de la Empresa de Aguas y Alcantarillado, no ha explicado de momento el supuesto caso de acoso laboral y posterior despido en la persona de la exdirectora del Centre de Natura, departamento dependiente que fue constituido en el año 1998 de la mano de la ‘uemita’ Cristina Cerdó.
El cargo de confianza que se le otorgó en la etapa de Unión Mallorquina, pasa ahora una cara factura a los responsables de la empresa pública, ya que de momento han aceptado en el juzgado de lo social pagarle una indemnización de 50.000 euros por despido improcedente, algo que hizo la nueva dirección impuesta por el PP el 22 de septiembre de 2011, poco después de la llegada al poder de Bauzá, alegando que se había acordado cerrar el mentado centro.
La afectada manifiesta en su demanda, fundamentada en la supuesta nulidad del despido, por vulneración de derechos fundamentales y daño moral, que en el momento de los hechos se encontraba embarazada de unos tres meses, y que ha resultas de lo acontecido abortó.
LOS IMPLICADOS LO NIEGAN TODO
En este enrevesado caso están involucrados el actual vicepresidente de Emaya, Bernardo Roig, -también conseller insular en el Consell de Mallorca- y su hijo Alejandro, a quienes acusa la presunta perjudicada de haberla acosado con amenazas graves de por medio, algo que niegan ambos.
Tras pedir la portavoz del grupo municipal del PSOE, Aina Calvo, la inmediata destitución del vicepresidente, tras la apertura de un expediente informativo y disciplinario, se suma ahora la regidora de MÉS, Marisol Fernández. Ha registrado así en el Ayuntamiento de Palma una solicitud para convocar «con carácter de urgencia» al Consejo de Administración de Emaya, y `para pedir al presidente de la empresa pública, Andrés Garau, que «dé la cara» y explique lo sucedido.
DESPIDOS A MANSALVA
Fernández ha advertido de la «gravedad» de la política laboral que está desarrollando el PP en Emaya «con los despidos que se han producido recientemente», -al parecer ha habido una auténtica´criba con los empleados que entraron en la etapa de UM- » así como con este caso que ha sido judicializado».
Ha recordado además que el pasado año un trabajador y miembro del comité de empresa ya criticó «la inactividad de la empresa ante los casos de acoso laboral», una protesta que motivó la contratación de una organización externa para investigar los hechos y establecer un protocolo de prevención.
Cabe reseñar que en enero del pasado año el trabajador de EMAYA, Miguel Romero, en su calidad de Delegado de Prevención de Riesgos Laborales, y miembro del Comité de Empresa, se encadenó varios días en la fachada de su empresa, en la Calle Miguel Maragall, 3 de Palma, en demanda del cese de acoso laboral, «y de las situaciones de arbitrariedad que desde hace tiempo se sufren en esta empresa y que generan enfermedad y absentismo laboral».
A este empleado se le sumó otro compañero, aunque éste optó por iniciar una huelga de hambre por idéntico motivo.
