El Ministerio de Hacienda, con ayuda del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), ha establecido un listado de costes de referencia para cada uno de los servicios municipales
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha asegurado este 21 de mayo de 2013 a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que no tiene «la menor intención» de bajar los sueldos de los empleados públicos locales, aunque se mantiene la previsión de que los Presupuestos Generales del Estado puedan limitar posibles subidas en el futuro.
Así se ha expresado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en rueda de prensa tras una reunión de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) para analizar la reforma local. Según ha dicho, el ministro ha sido «claro y rotundo» sobre un asunto que ha generado gran revuelo en los ayuntamientos de todo el país.
Fuentes de Hacienda explicaron este lunes que se prevé incluir en los Presupuestos una «horquilla salarial» para los funcionarios, de manera que se aproximen los salarios entre unos y otros, muy dispares.
Hoy, al término de la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local Beteta ha dicho que los «complementos específicos» de los empleados municipales seguirán siendo aplicados por la administración local correspondiente, pero habrá una «horquilla de corte».
Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Iñigo de la Serna, ha agradecido que finalmente el Gobierno haya aceptado las alegaciones que interpuso y haya desistido de su idea inicial de suprimir municipios y mancomunidades, y hasta un tercio de concejales:
«Hoy hemos superado esos momentos gracias al trabajo de las propias entidades locales. En ningún caso habrá reducción de concejales».
Por partes, el nuevo texto legal recoge la garantía de que los ayuntamientos, que ahora quedan liberados de la prestación de servicios sociales básicos, podrán seguir prestando estos si las comunidades autónomas no cumplen con su obligación de asumirlas en adelante.
Servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, sobre cuyo futuro «existía una gran preocupación ciudadana por el riesgo de que fueran a desaparecer», ha reconocido De la Serna.
Nada de eso ocurrirá ya, pues la futura ley recogerá una cláusula por la que si al cabo de un año, plazo previsto para que la comunidad respectiva asuma la prestación de estos servicios, ello no se produce se seguirán prestando por el municipio, «garantizándose por parte del Estado que el dinero llegará de la comunidad al ayuntamiento».
En materia de educación, el coste de la limpieza y el mantenimiento de los colegios seguirá siendo responsabilidad de los ayuntamientos hasta que se acometa el nuevo sistema de financiación local y autonómica, previsto para 2014, momento en el que la gestión se trasladará a las comunidades.
Alcaldes con sueldo
La FEMP también ha logrado de Hacienda una fórmula que evite dejar sin remuneración a los alcaldes de poblaciones de menos mil habitantes.
Así, el Gobierno contempla ahora la posibilidad de una «dedicación parcial u otra figura» para que sí puedan recibir una retribución.
También ha aceptado el equipo de Montoro el que no sea obligatorio que los directores generales y otros cargos cualificados en los ayuntamientos sean necesariamente funcionarios.
Posteriormente, en la segunda de las ruedas de prensa celebradas, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha reiterado el mensaje de que la futura ley es «absolutamente municipalista» y tiene por una de sus misiones principales cooperar en la salida de la crisis socioeconómica.
También ha defendido, aun estando en contra la FEMP, la intención de evaluar a todos los municipios para ver cuáles lo hacen mejor y peor en el ámbito de la gestión de las cuentas públicas.
Municipios ineficientes
Sobre los datos aportados ayer por Hacienda sobre la ineficiencia del 92,11% de los municipios de menos de 5.000 habitantes, Beteta ha dicho que «no hay consecuencias porque son datos de 2011» y ha comentado que muchas de las cuentas de 2012 certifican que la situación ha mejorado.
El propio De la Serna ya ha manifestado este martes que las cifras ofrecidas ayer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas «no se corresponden con la realidad».
El presidente de la FEMP ha defendido que la «evolución» de los ayuntamientos durante los últimos años «ha sido espectacularmente significativa» tal y como demuestra, por ejemplo, el hecho de que 3.800 ayuntamientos hayan cerrado el ejercicio 2012 con superávit.
Costes estándar
Ésta será una de las principales novedades del Antreproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Hacienda, con ayuda del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), ha establecido un listado de costes de referencia para cada uno de los servicios municipales, teniendo en cuenta la población, la dispersión en el territorio y el grado de envejecimiento.
Con esas cifras sobre la mesa, se ha comprobado que un municipio de menos de 5.000 habitantes dedica 1.219,98 euros per cápita a la prestación de sus servicios básicos.
Esto quiere decir que gasta tres veces más que las ciudades de más de 100.000 habitantes, que emplean 445,44 euros a estos mismos fines.
Beteta ha dicho que antes del verano se empezará a negociar con las comunidades autónomas y la propia CNAL, para «poder hacer los cálculos» que, según ha dicho, «son facilísimos».
Entonces, los ayuntamientos tendrán un plazo de cuatro meses -desde octubre- para ajustar los costes en la prestación de unos servicios básicos que van desde la recogida de basuras, el alcantarillado o la pavimentación de las vías urbanas, a las bibliotecas, el transporte urbano, la atención inmediata o la protección civil.
El objetivo es darles tiempo para poder adaptarse y ser eficientes.
