Aumentaría el desempleo, caería la actividad económica, se recaudarían menos impuestos y Cataluña perdería su nivel de vida
En Cataluña hay 873.000 desempleados según la Encuesta de Población Activa; es decir, el 24% de los catalanes está en paro. Entre parados y jubilados suman 2,47 millones de personas, sobre un censo electoral de 5,2 millones.
Pero, ¿es cierto que habrá más trabajo y pensiones más altas en una Cataluña independiente o es sólo populismo barato de Mas y ERC?
En la actualidad, los trabajadores catalanes pagan sus cuotas a la Seguridad Social como todo el mundo, y sus pensionistas y parados cobran prestaciones por su situación.
En números, en 2010, Cataluña recaudó para la Seguridad Social 24.318 millones de euros, y el Estado le transfirió un total de 27.107 millones, lo cual quiere decir que el Estado hizo llegar a los ciudadanos catalanes más dinero del que los trabajadores catalanes aportaron a la Seguridad Social. La diferencia es de 2.789 millones.
Ante esta situación, y el previsible aumento del número de jubilados, difícilmente una Cataluña independiente podría aumentarlas pensiones. Más bien al contrario. Según estas cifras de déficit de la Seguridad Social, las pensiones de los jubilados caerían más de un 5% si fueran sólo sufragadas con las cotizaciones de los afiliados catalanes y sin aportaciones de la Seguridad Social estatal. Ello significaría que la pensión media de un pensionista catalán bajaría en 50 euros mensuales, unos 700 euros menos al año, lo que supondría una disminución en su nivel de vida.
En el momento en el que Cataluña se independizara de España (y por lo tanto de la UE) perdería su condición de miembro de pleno derecho de la zona euro. Podría entonces convertirse –al igual que Kosovo o Montenegro o miniestados como Mónaco, Andorra, El Vaticano o San Marino– en un mero usuario de la moneda única, sin ninguna representación en sus órganos de gobierno.
Dejaría de formar parte de la Unión Europea, con lo que lleva aparejado, creación de barreras arancelarias en sus fronteras, no posibilidad de ayudas ni rescates a su economía, no favorecerse de acuerdos comerciales firmados por la UE, ni tampoco beneficiarse de programas de ayudas o líneas de crédito destinados a emprendedores, ayuntamientos, agricultores, movilidad de estudiantes universitarios, etcétera.
El aislamiento internacional que tendría la recién creada nación catalana, la impediría entrar a formar parte del mercado común, no pudiendo beneficiarse de la existente libre circulación de personas y bienes.
Esto provocaría varias consecuencias. En primer lugar, un coste económico, en forma de aranceles, que gravaran los productos catalanes, haciéndoles perder competitividad en el exterior de Cataluña. Esto penalizaría su balanza comercial, ya que, caerían sus exportaciones, y aumentarían sus importaciones (Cataluña, al igual que el resto de España, necesita importar energía y materias primas, para satisfacer su demanda interior). Ese saldo negativo de dicha balanza, perjudicará gravemente la evolución de su PIB, siendo un gran lastre para el crecimiento económico de la Nación Catalana.
En segundo lugar, los ciudadanos catalanes, no podrían circular libremente por los países miembros de la UE, teniendo que familiarizarse de nuevo con términos como aduanas, pasaportes y visados.
A la dificultad para exportar se une si el mercado catalán será lo suficientemente atractivo como para que las empresas catalanes puedan seguir vendiendo sus productos, sin necesidad de vender fuera, para poder mantener sus economías de escala (nivel de producción) y sus ventas. Sería difícil crear esas economías de escala en el mercado catalán, provocando que muchas empresas para evitar los aranceles, decidan deslocalizarse hacia otros emplazamientos dentro del los países miembro de la UE.
Este hecho, a parte del correspondiente aumento del desempleo, provocaría una caída de la actividad económica, una caída de la recaudación impositiva
El Estado Catalán no podría mantener su estructura actual (Embajadas, Parlamentos, Fundaciones, Empresas públicas, funcionarios, Medios de comunicación públicos o altamente subvencionados) y futura (educación, justicia, sanidad, seguridad).
Tendría que reducir los servicios o aumentar los impuestos, provocando un grave daño al nivel de vida de la ciudadanía catalana.
Difícilmente podría evitar una subida sustancial del precio de los productos en Cataluña, para que las empresas puedan mantener su margen de beneficios, a pesar de la caída de las ventas, sin tener que reducir capacidad productiva (despidos de personal), para poder seguir siendo rentables. Esta consecuencia de subida de los precios sería otro duro hándicap para los productos catalanes, y un duro revés para el turismo.
Los propios ciudadanos catalanes, como los productos y el turismo, se verían gravemente afectados por la independencia, y no precisamente de forma positiva. Aún así, ¿son conscientes los catalanes que la independencia perjudicaría su nivel de vida?
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