Sobre Cataluña, dice que el 72 por ciento de los catalanes son partidarios de que la Carta Magna se reforme en profundidad
Una abrumadora mayoría de los ciudadanos españoles, un 95 por ciento, sería partidario de hacer algún tipo de reforma en la Constitución española treinta y cinco años después de su aprobación.
Según una encuesta que este 8 de diciembre de 2013 publica el diario ‘El País’, el 52 por ciento querría que esos cambios fueran profundos, mientras que otro 42 por ciento sería partidario de hacer cambios puntuales en la Carta Magna.
Entre los motivos que hacen que los españoles deseen estos cambios constitucionales se encuentran la crisis institucional ligada a la crisis económica y la corrupción, las tensiones territoriales y el hecho de que cada vez más ciudadanos españoles hayan nacido o fueran menores de edad en la fecha en la que fue aprobada.
Entre los datos más llamativos de la encuesta del diario del Grupo PRISA, destaca que son más los ciudadanos que son partidarios de que el Estado recupere competencias transferidas hoy en día a las comunidades autónomas que los que son partidarios de justo lo contrario, que el Estado siga transfiriendo nuevas competencias a los gobiernos regionales.
Los primeros representan el 45 por ciento de los encuestados, mientras que los segundos alcanzan el 35 por ciento.
Asimismo, entre los encuestados, un 57 por cierto prefiere que se continúe la política del café para todos, extendiendo la autonomía a todas las regiones, mientras que un 39 por ciento apuesta por aumentar la singularidad específica de algunas regiones en detrimento de las competencias de otras comunidades autónomas.
La encuesta de ‘El País’ también aporta algunos datos autonómicos, aunque muy escasos. Sobre Cataluña, dice que el 72 por ciento de los catalanes son partidarios de que la Carta Magna se reforme en profundidad y el 82 por ciento es partidario de reformar el sistema de organización del Estado autonómico.
Además, en esta región aumenta hasta el 64 por ciento de los encuestados los que creen que el Estado debe seguir transfiriendo competencias a las regiones.
