GONZÁLEZ PARALIZA LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD

El fin de la externalización sanitaria en Madrid liquida a Lasquetty

Será sustituido en el cargo por Javier Rodríguez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y hasta ahora portavoz de Sanidad en el Parlamento madrileño

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha decidido mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha presentado su dimisión como responsable sanitario en la región y el presidente del Gobierno madrileño, Ignacio González, la ha aceptado.

Así lo ha explicado el dirigente madrileño en rueda de prensa convocada urgentemente en la Real Casa de Correos, donde González ha anunciado que deja «sin efectos» la externalización sanitaria tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de mantener la suspensión cautelar del proceso.

González ha avanzado que Lasquetty será sustituido en el cargo por Javier Rodríguez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y hasta ahora portavoz de Sanidad en el Parlamento madrileño.

SUSPENSIÓN DE LA EXTERNALIZACIÓN SANITARIA

El cambio de postura de la Comunidad se ha producido horas después de que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM haya decidido mantener la medida cautelar de suspensión de la denominada externalización sanitaria madrileña para evitar «perjuicios de imposible reparación».

Entre otros motivos, los magistrados argumentan que los cálculos de ahorro de la Comunidad son «meramente estimativos e hipotéticos que pueden no responder después a la realidad». Y añade que los perjuicios si la resolución impugnada se ejecutara y luego anulara «afectaría también al interés público y a la propia economía y Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid».

Y esgrimen también que el interés público exige «proceder con cautela para evitarle los graves e irreparables daños que se producirían en caso de que la resolución administrativa se ejecutara y después tuviera que anularse».

Asimismo, los magistrados niegan que la decisión de suspender el proceso suponga «un desapoderamiento al Gobierno de la Comunidad de Madrid de su competencia para aplicar en su ámbito territorial su político sanitaria y de implementar en unos concretos centros hospitalarios un determinado modelo de gestión».

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