El director general de la Agencia de la Energía de la Junta de Andalucía, Luciano González García, ha dimitido tras conocerse que el ayuntamiento de Yunqueras (Málaga) le ha abierto un expediente informativo por tener supuestamente una vivienda en una zona no urbanizable.
Tras la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta, el consejero de Economía, Ciencia, Innovación y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha confirmado que ha aceptado la dimisión del director general de la Agencia andaluza de la Energía porque le «rogó» que le aceptara la renuncia al cargo para defenderse de las acusaciones.
El consejero ha explicado que ha aceptado la dimisión no porque esta acusación afecte a la imagen del Gobierno, sino porque Luciano González quiere «tener las manos libres sin estar sometido por ser persona de confianza del Gobierno» para defenderse «en el sitio que crea apropiado».
Maldonado ha admitido que desconoce si la vivienda que posee el director general de la Energía de la Junta es ilegal, según publican varios medios de comunicación a raíz de que el Ayuntamiento de Yunqueras le haya abierto un expediente. «No pido las escrituras» de las viviendas de los cargos de confianza, ha apostillado el consejero de Economía.
El Ayuntamiento malagueño de Yunquera le había abierto un expediente informativo a González García, por tener un chalé en una zona no urbanizable con enganches de luz y agua ilegales.
En el Catastro sólo figura a su nombre una parcela rústica de 10.800 metros en el paraje de Cerro Pizano destinada a frutales de regadío, según denunció ayer elconfidencial.com. No hay ningún documento oficial que dé carta de legalidad al inmueble de 130 metros cuadrados que se alza en la parcela 51 del polígono 15.
La casa se ubica en el término de Yunquera, el municipio que acoge el más extenso pinsapar del mundo situado en las estribaciones de la Sierra de las Nieves, un paraje declarado por la Unesco Reserva de la Biosfera.
El alto cargo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo es un histórico socialista y exdirigente del sindicato UGT, se enfrenta a una posible sanción urbanística.
