Una injusticia y un acto de supina debilidad, a decir de parte de los populares
Una causa de esas que pueden calificarse como «políticas», iniciada con una denuncia de la formación Compromís, arrastró este jueves, 22 de mayo de 2014, al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a forzar la dimisión de su secretaria de Comunicación, Lola Johnson.
Todo después de que ésta fuera llamada a declarar para responder a la demanda del partido nacionalista, que acusa a varios ex directivos de Canal 9 RTVV de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y administración desleal en relación con la deuda histórica del ente televisivo de 1.300 millones de euros.
Fabra, según las fuentes populares consultadas por El Semanal Digital, «entra de lleno» en el juego político de sus adversarios políticos al aceptar la dimisión de Johnson, que ni siquiera ha sido imputada formalmente, sino que debe acudir al juzgado de Paterna.
Éste aceptó a trámite la denuncia porque, según reza el propio auto, incoa «diligencias previas, según el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables y la realidad de los hechos sucedidos por si fueran constitutivos de delito».
La ahora ya efectiva renuncia de Lola Johnson cayó como una bomba en diversos sectores del PP valenciano, que miran con recelo la precipitación de Fabra.
Además de lamentar lo que consideran «un grave precedente» al forzar una dimisión «no ya sin imputación, tan sólo porque un juzgado te llame a declarar».
Un destacado diputado popular señaló a este periódico:
«Con esta forma de actuar, la oposición además de marcarnos los tiempos políticos ahora también nos va a hacer las listas y elegir a los cargos públicos».
Este jueves fue una locura para los populares valencianos. De hecho, cuando todavía saboreaban las mieles del éxito del mitin del miércoles en el Ágora se desayunaron con la noticia de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Paterna citaba a declarar a cinco ex directivos de RTVV, entre ellos a Johnson.
La juez abrió diligencias tras una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusa a la ex cúpula de estos delitos hasta generar un presunto agujero de 1.300 millones.
Así, la magistrada investigará los contratos de RTVV con medios de comunicación y productoras.
Después de una mañana y tarde de frenesí, Lola Johnson manifestó que ante el conocimiento «a través de los medios de comunicación» de una denuncia presentada por Compromís, y su citación a declarar como imputada el 8 de julio, había decidido presentar su dimisión.
Agradeció la «confianza» depositada por el presidente, Alberto Fabra, y explicó que toma esta decisión por dos motivos:
«Para no perjudicar la imagen del Consell y para que nadie pueda utilizar en su propio beneficio esta denuncia».
También expuso su «total disposición para colaborar con la justicia», y dejó «bien claro que todas las actuaciones a lo largo de mi vida profesional se han ajustado a la legalidad y a la defensa del interés general».
La pregunta que queda ahora mismo en el aire entre la familia popular valenciana es qué pasaría si el día 8 de julio, una vez que Lola Johnson preste su declaración judicial, al final, como se espera, todo queda diluido y la hasta hoy secretaria autonómica de Comunicación no es imputada.
