Ana Mato: "El reparto es objetivo y se decidió por consenso de todos los gobiernos regionales"
El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza de España (EAPN) y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, aseguró este miércoles 16 de julio de 2014 que los 17 millones de euros que el Gobierno destinará para luchar contra la pobreza infantil «no son suficientes».
Así lo declaró Susías tras la reunión que la Plataforma del Tercer Sector mantuvo con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, para abordar los temas que afectan al tercer sector en la reforma fiscal.
Tras ser preguntado por los periodistas sobre el reparto del fondo, Susías defendió que se realice teniendo en cuenta el indicador Arope (siglas de At Risk of Poverty or social Exclusion), que se emplea para medir la pobreza, aunque dijo que «es difícil realizar el reparto
«porque el Institiuto Nacional de Estadística (INE) no desvela el indicador de pobreza infantil por comunidades autónomas, un vacío que, según aseguró, intentarán paliar pidiendo al Gobierno que solicite dichas cifras en los próximos períodos.
CRITERIO
Además, Susías dijo que el criterio que debería de seguirse para realizar el reparto del fondo que el Ejecutivo destinará para luchar contra la pobreza infantil debería tener en cuenta la dispersión territorial de cada zona.
En relación a los 17 millones de euros que el Ejecutivo destinará a la lucha contra la pobreza infantil, Susías aseguró que «no son suficientes» y, en este sentido, dijo que
«lo que pedimos es un Plan Contra la Pobreza Estatal cuya base sea un nuevo sistema de garantía de rentas».
Ana Mato: el reparto es «objetivo»
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha defendido este miércoles el criterio de reparto escogido para el fondo extraordinario para la infancia, que se basa en la tasa de pobreza infantil de cada comunidad autónoma y no en su volumen de población, porque, según ha dicho, es «objetivo» y «se decidió por consenso» de todos los gobiernos regionales. No obstante, su departamento no descarta modificarlo.
Mato se explicaba así ante los medios junto a la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, y el director general del IMSERSO, César Antón, al término de un Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, que se ha prolongado unas cinco horas y que si bien tenía una docena de asuntos en el orden del día, ha estado marcado por la polémica sobre los criterios de reparto del citado fondo de 17 millones de euros para combatir la pobreza infantil.
Según ha explicado, el criterio fue acordado en dos reuniones celebradas en los últimos meses entre los directores generales de las distintas comunidades autónomas, ante la disparidad de intereses, pues unas pedían que se repartiese atendiendo a la población, otras a la dispersión y otras a la renta.
«Lo que se decidió por todas las comunidades presentes en esas reuniones es que este año se haría de acuerdo al índice de pobreza y exclusión social AROPE, que es el que se usa en Europa».
La ministra ha incidido en que «es el sistema que han decidido las comunidades autónomas de común acuerdo» y en que todos los gobiernos regionales «están de acuerdo en que nunca había habido un fondo contra la pobreza infantil y en que les viene muy bien».
«Lo importante es que aprovechen para ayudar a quienes mas lo necesitan y que hagan un esfuerzo de priorización en sus presupuestos para aquellos que más lo necesitan».
De hecho, la ministra tiene previsto someter a aprobación del Consejo de Ministros el acuerdo si no este viernes, el próximo, para que este verano las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias (todas menos País Vasco y Navarra, por una cuestión de competencias) tengan los fondos disponibles y puedan utilizarlos para apoyar programas contra la pobreza infantil que ya estén en marcha.
Sobre la posibilidad de ampliar la dotación, manifiestamente insuficiente según las comunidades autónomas y las organizaciones especializadas en infancia, la ministra ha remitido al proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año y ha añadido que «ojalá no fuera necesario».
«Un esfuerzo muy pequeño»
Algunas comunidades autónomas ya han manifestado su descontento por la insuficiencia de recursos para luchar contra la pobreza infantil. La consejera de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, acusó hoy al Gobierno central de hacer «un esfuerzo muy pequeño» para luchar contra la pobreza infantil, en referencia a la dotación de 17 millones de euros del plan contra la exclusión social de las familias con menores a su cargo.
Además, Neus Munté criticó que sólo se haya empleado para establecer el reparto del fondo el indicador Arope y no se hayan tenido en cuenta criterios poblacionales, lo que, a su juicio, castiga a las comunidades más pobladas. Por otra parte, afirmó que «las políticas recentralizadoras nos dificultan la atención a las personas más vulnerables».
Por último, denunció la reducción que ha sufrido por parte del Estado la financiación de los servicios sociales concertados. En concreto, Cataluña, según la consejera, ha pasado de recibir 13 millones en 2010 a percibir sólo 3 en la actualidad.
No tener en cuenta sólo el Arope
Por su parte, la consejera de Bienestar y Familia de la Xunta de Galicia, Beatriz Mato, pidió al Gobierno central que en próximas convocatorias del plan de lucha contra la pobreza infantil tenga en cuenta la población de las comunidades autónomas al hacer el reparto, y no sólo el indicador Arope, «porque no es lo mismo atender a un millón de ciudadanos que a más personas».
El indicador Arope (At-Risk-Of Poverty and Exclusion), o tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, está armonizado a nivel europeo, por lo que permite comparar entre países, y complementa la medición de la pobreza, basada en lo monetario, con aspectos de exclusión, combinando factores de renta (pobreza relativa), privación material severa y baja intensidad del trabajo.
Tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, la consejera gallega reconoció «el esfuerzo del Gobierno a la hora de destinar un fondo para luchar contra la pobreza infantil, lo que demuestra una sensibilidad clara hacia las personas que peor lo están pasando en este momento».
En cuanto a Galicia, aseguró que es la sexta región con el menor indicador Arope, que es un índice que mide la pobreza internacionalmente, lo que hace que le corresponda a su comunidad un total de 725.000 euros del fondo. Por ello, insistió en la importancia de que se tenga en cuenta la población de las regiones.
Andalucía pide que se rectifique el plan de fondos
También el PSOE-A ha exigido este miércoles al PP-A que levante la voz en defensa de los menores andaluces en situación de exclusión social, ante la «discriminación» que van a sufrir por parte del Gobierno central en el reparto de los fondos del Plan nacional contra la pobreza infantil.
En rueda de prensa, el portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha denunciado la intención del Gobierno de repartir esos fondos no teniendo en cuenta el número de niños que se encuentran en esa situación, sino por territorios, lo que constituye un «auténtico desatino».
El hecho de que el Gobierno haya optado por un reparto por territorios obedece, según Jiménez, a que siempre ha buscado criterios «que perjudiquen a Andalucía y a los andaluces» en cualquier reparto de fondos y tiene en cuenta el «color político» de las comunidades.
Ha indicado que no se puede entender que vayan a llegar a Andalucía 1,9 euros por cada niño en situación de exclusión social y, en cambio, se destinen 135 euros a Ceuta o 55 a La Rioja. Ha confiado en que el Gobierno central reconsidere ese reparto, si bien ha dudado de la sensibilidad de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ante un problema como este, teniendo en cuenta que «gasta cientos de miles de euros en cumpleaños de sus hijos».
Jiménez ha insistido en demandar al Ejecutivo central que deje de «castigar» a Andalucía y ha reprochado al PP-A que no haya levantado la voz para defender a los niños andaluces en situación de exclusión social.
Ha querido dejar claro que los socialistas van a pelear «por la dignidad de estos niños con uñas y dientes». Asimismo, ha recordado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que el «liderazgo» se gana alzando la voz para defender los intereses de Andalucía y no con «una transfusión de liderazgo a un muerto» como se ha pretendido con la visita que hizo ayer a Sevilla el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Andalucía ha pedido que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad rectifique e incluya el criterio poblacional en el reparto de los fondos del Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.
