La Junta de Castilla y León ha abonado 5,7 millones de euros a dos de las 165 empresas investigadas por la Audiencia Nacional en el marco de la ‘Operación Púnica’, según consta en el Sistema de Información Contable de Castilla y León (SICCAL). En concreto, a Cofely España y Cofely Contracting, la principal de las firmas ligadas a la red corrupta, por contratos en el periodo 2002-2014.
La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Silvia Clemente, se ha defendido en su comparecencia ante las Cortes que el Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL) ha adjudicado desde 2009 hasta 2014 cuatro contratos a Cofely, empresa investigada por la Audiencia Nacional dentro de la ‘Operación Púnica’, por procedimiento negociado sin publicidad en un primer momento y luego por libre acceso, algo calificado de «extraño» tanto por PSOE como por Grupo Mixto.
LOS HECHOS
En 2009 se abrió un procedimiento negociado sin publicidad por parte del ITACyL para adjudicar la asistencia técnica de todos los centros del instituto.
Así, mediante este procedimiento, se invitó a presentar propuestas a tres empresas tras evaluar su «capacidad y solvencia», que fueron Axima, Ferrovial y Elyo Ibérica. Tras analizar las propuestas finalmente se adjudicó este servicio a Elyo Ibérica, que en aquel momento ya había cambiado de nomenclatura para denominarse Cofely.
En 2009 se adjudicó el servicio de asistencia técnica a esta empresa por 69.600 euros por procedimiento negociado sin publicidad, posteriormente, al ampliarse el contrato por incluir nuevos centros, en 2010 se adjudicó por libre acceso y por dos años a Cofely el mismo servicio por un valor de 79.000 euros.
Estos contratos se repitieron por el mismo procedimiento en 2012 y 2013 con cuantías de 47.757 euros y 44.376 euros. En las últimas tres adjudicaciones sólo optó Cofely para gestionar el servicio.
A estas cuantías hay que sumar otras derivadas de facturas pagadas por la reparación y adaptación de sistemas que no formaban parte del objeto del contrato del servicio y que «por agilidad» lo realizó la misma empresa.
Así, por estos conceptos en 2009 se pagó a Cofely 14.595 euros; en 2010 un total de 77.352 euros (por obras necesarias para subsanar deficiencias en distintos centros que no se repiten en años posteriores); en 2011 se alcanzó 12.528 euros; en 2013 se abonaron 30.912 euros y, por último, en 2014 un total de 7.784 euros.
LA OPOSICIÓN LO VE ‘EXTRAÑO’
El procurador socialista Juan Luis Cepa ha tachado de «extraño» el procedimiento elegido para adjudicar estos contratos por parte del ITACyL, ya que no son «los procedimientos ordinarios de contratación pública». De este modo se ha preguntado por qué se opta por este procedimiento y ha exigido a la consejera de Agricultura que haga caso a la recomendación del Consejo de Cuentas y «vigile» los procedimientos del Instituto Tecnológico.
Por su parte, el procurador de UPL Alejandro Valderas también ha considerado llamativo que para la adjudicación inicial optaran tres empresas y dos de ellas formaran parte de la actual Cofely, a lo que la consejera ha respondido que es cierto que Axima y Elyo tenían la misma sede social, algo que, según la normativa, no exime para optar a esta adjudicación.
