Tras las elecciones del 24 de mayo, -Asirón- ya anunció que la bandera estaría presente "de un modo u otro, respetando la legalidad vigente"
La ikurriña ha estado presente este 6 de julio de 2015 en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona durante el lanzamiento del chupinazo de los Sanfermines 2015, ya que ha sido izada junto a las banderas oficiales que habitualmente están en la fachada, es decir, la bandera de Pamplona, la de Navarra, la de España y la de Europa.
A las 11.00 horas del 6 de julio 2015, la ikurriña ha sido izada en el balcón del Ayuntamiento. El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón (EH Bildu), que accedió a la alcaldía tras las elecciones del 24 de mayo, ya anunció que la bandera estaría presente «de un modo u otro, respetando la legalidad vigente, me guste o no». Este hecho ha provocado el malestar de otras formaciones políticas, como es el caso de UPN.
El edil se ha buscado una coartada para «cumplir» con legalidad. La presencia en el interior de la Casa Consistorial de las parlamentarias vascas Diana Urea, Eva Blanco y Rebeka Ubera, hace que protocolariamente se puede colocar la ikurriña en deferencia a ellas.
La ikurriña es la bandera de Navarra? Y los pamplonicas nada dicen?
— Alejandro vara (@Alejandro_vara) July 6, 2015
Instantes antes de la izada, el alcalde ha subido acompañado de los ediles de EH Bildu a la sala que da acceso al balcón de la Casa Consistorial y poco después trabajadores del Consistorio han sido los encargados de colocar la ikurriña en un mástil junto al resto de banderas.
La ley foral de Símbolos de Navarra sólo permitiría -en el caso de Pamplona- la colocación de cuatro banderas: la de la capital, la de Navarra, la de España y la de Europa. La presencia o no de la ikurriña en el inicio de Sanfermines ha sido en los últimos años objeto de polémica.
La delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, ha explicado a EFE que en el recurso contencioso administrativo, articulado por la Abogacía del Estado en la Comunidad Foral, se señala que la presencia de la ikurriña va «en contra de la legalidad vigente», además de ser contraria «al sentir de la mayoría de los navarros».
«La ley no lo permite», ha dicho la delegada a EFE, quien ha insistido en que «todas las instituciones, y el Ayuntamiento la primera, deben cumplir la legalidad».
Alba ha explicado que, según la Abogacía del Estado, la presencia de las parlamentarias vascas «no permite que ondee la ikurriña, porque su visita tiene que ser oficial».
«No vale su sola presencia ni la de cualquier parlamentario o cualquier autoridad. Debe ser una visita institucional», ha puntualizado.
Cabe recordar por ejemplo que en los Sanfermines de 2013 un grupo de personas colocó una ikurriña gigante sobre la plaza del Ayuntamiento, en frente del balcón desde el que se iba a lanzar el chupinazo.
Bildu siempre ha defendido la presencia de la ikurriña como símbolo deseado por una parte de la población navarra y, sobre todo, por haber sido «uno de los símbolos de la lucha contra el franquismo» y como símbolo contra «la imposición del Estado». Ha olvidado que en los pueblos donde gobierna Bildu, la bandera española es quitada de los balcones municipales cuando no quemadas.
ETA ASESESINÓ A CUARENTA PERSONAS EN NAVARRA
ETA ha asesinado durante décadas para imponer la ikurriña y los impulsores de esta iniciativa como Bildu no han condenado la actividad terrorista. El portavoz foral de UPN, Carlos García Adanero, ha considerado que poner la ikurriña sería un primer paso para quitar también la española y la navarra. «Quieren poner la ikurriña como la bandera del Estado, la de Navarra como la del herrialde y la del pueblo»
Una cuarentena de personas ha sido asesinada por ETA en Navarra a lo largo de su existencia, una historia de dolor y sangre que ha tenido entre sus víctimas niños, trabajadores, políticos, empresarios, militares, guardias civiles y policías.
Además, en los atentados perpetrados por ETA fuera de la Comunidad Foral también ha habido víctimas vinculadas con Navarra.
De hecho, el primer asesinato que se le atribuye a ETA, no reconocido por la banda, se remonta a junio de 1960 en la estación de Amara, en San Sebastián, donde murió la niña de 22 meses Begoña Urroz, la primogénita de un matrimonio navarro recién instalado en Guipúzcoa.
Y el 30 de junio de 2009, en el último atentado mortal cometido por ETA en España, murió en Calviá (Baleares) el agente de la Guardia Civil Diego Salvá Lezáun, un joven de 27 años, nacido en Pamplona y que entre sus aficiones tenía las motos y Osasuna.
Entre ambos, una historia de sufrimiento que ha afectado a toda la sociedad, de la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se han llevado la peor parte.
Una muestra de ello es Alfredo Aguirre Belascoáin, que tenía 13 años cuando murió el 30 de mayo de 1985 en el casco viejo pamplonés, junto a su casa, al explotar una bomba que ETA había colocado para la Policía Nacional, uno de cuyos agentes, Francisco Miguel Sánchez, falleció en el mismo atentado.
En la lista de víctimas, que abrió en la Comunidad Foral el 26 de noviembre de 1977 el comandante de Infantería Joaquín Imaz al ser asesinado a tiros en la plaza de toros de Pamplona, la mayoría pertenece de la Policía Nacional y la Guardia Civil, desde agentes hasta generales como Juan Atarés Peña, asesinado de tres disparos en Pamplona el 23 de diciembre de 1985.
También hay empresarios y trabajadores como la repartidora de periódicos María Cruz Yoldi Orradre, de 63 años y madre de seis hijos, que murió el 17 de octubre de 1987 por una bomba colocada en una aseguradora de la capital navarra.
Además han sido víctimas de ETA civiles como Gregorio Hernández Corchete, que el 15 de octubre del 1982 acudió al cuartel de la Guardia Civil de Leitza a pasar la revisión de su escopeta de caza y a la salida fue ametrallado.
Entre los políticos víctimas de ETA están el exalcalde de Etxarri Aranatz Jesús Uláyar, asesinado a tiros y en presencia de un hijo de 13 años el 27 de enero de 1979 cuando llegaba a su casa; el concejal de Pamplona Tomás Caballero, tiroteado el 6 de mayo de 1998 cuando salía por la mañana de su domicilio para ir a trabajar; y el edil de Leitza José Javier Múgica, al que una bomba lapa en su camioneta de trabajo mató el 14 de julio de 2001.
Especialmente sangriento fue el 13 de abril de 1984, cuando en una mañana ETA asesinó de dos disparos en Mercairuña al militar retirado desde hacía 20 años Jesús Alcocer Jiménez y a los policías Juan José Visiedo y Tomás Palacín, víctimas de la bomba colocada en el coche utilizado por los terrorista para darse a la fuga tras el primer crimen.
El 16 de mayo de 1980, el 28 de mayo de 1983, el 28 de agosto de 1988 y el 30 de mayo de 2003 fueron también jornadas en las que la maquinaria mortal de ETA azotó a Navarra.
En la primera, dos miembros de la Guardia Civil, el cabo Francisco Puig Mestre y el agente Francisco Ruiz Fernández, fueron asesinados a tiros en el bar «Huici» de Goizueta delante de un niño de once años, hijo del dueño del establecimiento; el mismo método que empleó la banda apenas un mes después, el 15 de junio, para matar al Policía Nacional Ángel Postigo Megía en el barrio pamplonés de la Rochapea.
Los guardias civiles Fidel Lázaro Aparicio y Antonio Conejo Jelguero fueron asesinados de varios disparos a bocajarro el 28 de mayo de 1983 ante empleados y clientes de la sede central de Correos en Pamplona.
El 28 de agosto de 1988 un coche bomba explotó en Estella al paso de una patrulla de tráfico de la Guardia Civil causando la muerte a José Antonio Ferri y Antonio Fernández, y el 30 de mayo de 2003 morían los policías Bonifacio Martín y Julián Embid, por una bomba colocada en los bajos del coche con el que habían llegado unas horas antes a Sangüesa para tramitar el DNI a los vecinos de la localidad.
Al estallar una granada y un coche bomba al paso de las tanquetas en las que circulaban fallecieron en Pamplona, el 17 de abril de 1982 el agente Vicente Luis Garcera y el 16 de octubre de 1988 el guardia civil Juan Gangoso Otero; el 4 de julio de 1982 murió por una bomba lapa el guardia civil Juan García González, a la salida de una discoteca en Burguete; y el mismo método empleó ETA para asesinar en Pamplona, el 27 de mayo de 1984 al capitán de la Guardia Civil Luis Ollo, atentado en el que su mujer resultó herida.
Otras víctimas lo han sido cuando intentaban desactivar artefactos explosivos colocados por ETA, como el cabo de los TEDAX Francisco Berlanga Robles, el 2 de enero de 1979, en una inmobiliaria en la Plaza del Castillo de Pamplona.
O cuando inspeccionaba una bomba trampa, como el policía Eduardo López Moreno, el 20 de abril de 1995, en un cuartel abandonado en Endarlatza, o pretendía retirar una pancarta insultante que ocultaba una bomba, el 24 de septiembre de 2002, como al cabo de la Guardia Civil Juan Carlos Beiro, en Leitza.
Varios son los que han fallecido tiroteados por ETA fuera de servicio, como el inspector de Policía Carlos Sanz Biurrun, al coger su vehículo aparcado en la Bajada de Labrit de la capital navarra, el 8 de octubre de ese mismo año, y el teniente coronel también retirado José Luis Prieto, a quien la banda mató a tiros por la espalda el 31 de marzo de 1981 en Pamplona, cuando se dirigía a misa con su mujer.
El subteniente del Ejército Francisco Casanova recibió dos disparos en la nuca a la puerta de su casa en Berriozar, el 9 de agosto de 2000; el policía nacional Diego Torrente Reverte fue asesinado a tiros cuando lavaba su coche en el plan sur de Pamplona, el 7 de junio de 1984, y el expolicía Francisco Almagro murió asimismo tiroteado el 30 de junio de 1988, al salir de su casa en el barrio de la Rochapea.
Además, entre los crímenes de ETA figuran empresarios como Pedro Fernández Serrano, que el 5 de abril de 1979 murió como consecuencia de una bomba colocada en los baños de la cafetería «Mohicano», próxima al Gobierno Civil y frecuentada por miembros de la Policía; y Javier Biurrun Monreal, que fue asesinado con un paquete bomba el 27 de enero de 1987.
Y trabajadores, como el cubano Sebastián Arroyo, exguardia civil, que fue ametrallado en Alsasua el 9 de enero de 1980 cuando salía de su trabajo en Igartex.
También hay directivos como Alberto Toca, de Mutua Asepeyo, que fue tiroteado en su despacho el 8 de octubre de 1982, y funcionarios como Jesús Blanco Cereceda, jefe civil de comunicación del aeropuerto de Noáin, al que ETA mató de varios disparos a quemarropa en el barrio pamplonés de San Juan el 27 de junio de 1983.
En total, una cuarentena de personas asesinadas por ETA en Navarra, aunque la banda tiene sus propios fallecidos en la Comunidad, una veintena, cuando preparaban explosivos, en enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad o en suicidios, como los ocurridos en la Foz de Lumbier, el 25 de junio de 1990, según la versión oficial de los hechos.
Ese día, se encontraron los cadáveres de Susana Arregui y Jon Lizarralde, en La Foz de Lumbier, mientras que Juan Goikoetxea falleció, el 18 de marzo de 1972, en Elizondo, en ambos casos al verse acorralados tras un tiroteo con la Guardia Civil.
Otros más han fallecido en distintas localidades navarras mientras manejaban material para atentar.
Los dos primeros fueron Joaquín Artajo Barrios y Alberto Asurmendi Arana, el 6 de abril de 1969, en la Ultzama, cuando preparaban una bomba, y los últimos Alfonso Yoldi Martínez y Emiliano Iturri Lizoáin, en Tafalla, el 5 de abril de 1987, al explosionar el artefacto que manipulaban.
En estos años, además, otros diez miembros de ETA han muerto en enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad, una lista que cerró Mikel Castillo el 19 de septiembre de 1990, en Pamplona, cuando recibió un disparo de un Policía Nacional del que huía.
Dos años antes otros dos etarras habían muerto también en la capital navarra en un enfrentamiento con agentes de este mismo cuerpo, mientras que los restantes fallecieron en Urdax, Elizondo, Etxalar, Bera, Itsaso y Tudela en enfrentamientos con la Guardia Civil entre 1972 y 1979.