Verdana","sans-serif";">La Junta de Castilla y León, que en su momento denunció gran parte de la reforma local, conocida como “Ley Montoro”, se ha visto respaldada por la sentencia del TC que le da la razón en prácticamente todos los aspectos cuestionados por la Junta.
El TC deja clara la atribución de competencias a las comunidades de servicios que prestan las entidades locales, sin financiación añadida, junto con el vaciamiento de las competencias de los municipios.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, conocida popularmente como Ley Montoro, fue muy contestada en nuestra Comunidad por todas las fuerzas políticas, que terminó con la presentación en el TC de un recurso por la posible inconstitucionalidad de la Ley.
En la sentencia del Alto Tribunal, se atiende parte del recurso de inconstitucionalidad y declara nulas tres disposiciones transitorias y una adicional relacionadas con los servicios de asistencia social y atención primaria a la salud, así como a servicios de inspección sanitaria.
En la práctica, es una bofetada de la Junta al Ministerio de Hacienda, que con la chulería propia del que se cree por encima del bien y del mal, desarrolló una Ley inasumible por determinadas Comunidades Autónomas como es el caso de Castilla y León, con la particularidad de ser miembros del mismo grupo político, el Partido Popular.
