La Fiscalía Anticorrupción avanza con paso firme en las diligencias que tiene abierta en Castilla y León por la llamada ‘trama eólica’, el cobro de comisiones sin justificación por supuestos servicios de asesoramiento para la construcción de parques de energías renovables en la comunidad.
La investigación se basa en un informe de la Agencia Tributaria que recoge el pago de unos 110 millones de euros entre cargos de la Junta, políticos y asesores, en supuesta connivencia con algunas empresas regionales, para favorecer la concesión de autorizaciones de medio centenar de los 241 parques eólicos sembrados en Castilla y León en la última década.
Las diligencias de investigación de la Fiscalía, que sigue acumulando indicios antes de remitir la querella al juzgado, han estrechado el cerco sobre un peso pesado en el PP, Federico Trillo-Figueroa, embajador de España en Reino Unido, expresidente del Congreso y exministro de Defensa. También sobre los exparlamentarios Vicente Martínez-Pujalte y Ana María Torme.
Al parecer, la instrucción de Anticorrupción maneja que recibieron pagos sin justificación a través de sus respectivos despachos por parte del Grupo Collosa, una constructora de Valladolid especializada en obra pública y a quien la Agencia Tributaria señala como una de las beneficiadas por el sistema de aprobación de los parques.
El avance de las pesquisas de Anticorrupción ha provocado que Trillo y Martínez-Pujalte se hayan personado con abogado en las diligencias «para saber de qué se les acusa o investiga» y poder defenderse, según confirmaron fuentes fiscales.
