Las irregularidades cometidas por Podemos también se han extendido a las filas de Izquierda Unida en confluencias donde ambas formaciones comparten responsabilidades de Gobierno
Caraduras de tomo y lomo. Las dos dirigentes de Podemos en la provincia de Alicante a las que su propia formación les ha atribuido la comisión de irregularidades se han aferrado a sus respectivas actas y continúan cobrando sueldos públicos.
Son los casos de la concejal de Vivienda y Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante, Nerea Belmonte, y de la diputada autonómica Covadonga Peremarch.
Este miércoles, la Asamblea de Guanyar Alacant (la confluencia que concurrió a las elecciones municipales integrando a miembros de Podemos e Izquierda Unida) aprobó por mayoría reclamar el acta de la concejal al considerar que Belmonte «infringió cuatro de los puntos del código ético de la coalición».
La edil ha adjudicado contratos por importe de 17.000 euros a una empresa creada por dos compañeros que formaron parte de su candidatura para liderar la agrupación local de Podemos.
Su formacion cree probado que participó «directa o indirectamente» en un proceso de contratación del Ayuntamiento y contrató con una empresa constituida con posterioridad a su toma de posesión como edil «corriendo el riesgo de generar dependencias o clientelismos».
El partido le acusa de no haber renunciado a un regalo en forma de un pase para asistir a la Madrid Fashion Week «que le hizo una amistad común con los socios» de la empresa a la que contrató, así como de tolerar la adjudicación continuada con una empresa de amigos y por no «perseguir con firmeza» cualquier signo de «fraude o corrupción».
Pese a la petición de su partido, la concejal -que se negó a votar en la reunión en la que se aprobó pedir su renuncia- mantiene el acta y ha remitido al próximo martes para dar cuenta de su futuro político.
En paralelo, la dirección de Podemos en la Comunidad Valenciana ha decidido iniciar el procedimiento para solicitar a la Comisión de Garantías que incoe expediente.
Una situación similar a la que sucedió con la diputada autonómica Covadonga Peremarch, a quien Podemos expulsó el pasado mes de enero tras ser sancionada por la Comisión de Garantías Democráticas de la formación por inscribir a menores en el censo para primarias al Consejo Ciudadano de Alicante y desacreditar a otros candidatos a la dirección a través de cuentas falsas en redes sociales.
Peremarch, que hasta las elecciones autonómicas era estudiante, mantiene el acta de diputada en las Cortes Valencianas, con sueldo público y derecho a asesor.
Nuevas irregularidades
Las irregularidades cometidas por Podemos también se han extendido a las filas de Izquierda Unida en confluencias donde ambas formaciones comparten responsabilidades de Gobierno.
Así, en una situación similar a Nerea Belmonte se halla la concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Julia Angulo (militante de IU) quien, conforme revela ABC, ha adjudicado a dedo un contrato de 14.950 euros a una asociación a la que está vinculado el asesor de la propia edil, Federico Sabater.
