El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, el magistrado Víctor Gómez, instructor de la pieza separada del ‘caso Imelsa’ en el marco de presunto delito de blanqueo de capitales en el seno del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha remitido al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa Rita Barberá, aforada ante el Alto Tribunal por su condición actual de senadora. Una juez envía al Supremo otra causa contra Barberá por no retirar símbolos franquistas.
El juez instructor ha considerado que, una vez Barberá reconoció su donativo de 1.000 euros en la campaña de las elecciones municipales de 2015, maniobra que también llevaron a cabo los otros concejales del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia y por la que todos se encuentran imputados, sería «incoherente» no elevar esta exposición razonada al Supremo.
El escrito del juez, del que ha informado mediante un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, incide en la relación de Barberá con la persona encargada de las finanzas del PP municipal y que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del Grupo Municipal, María del Carmen García-Fuster, igualmente investigada en este procedimiento.
La fundamentación del juez radica en que Barberá era la superiora jerárquica como alcaldesa de García-Fuster y además máxima responsable del Grupo Municipal, hechos que se suman a la relación personal de estrecha confianza entre la actual senadora del PP y la que es, a día de hoy, la principal investigada de la trama.
El magistrado cree que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por el origen opaco del mismo, se antoja compleja. Sobre este particular, detalla que la «presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal son muy anteriores en el tiempo», pero ve «significativo» el silencio de García-Fuster cuando se le preguntó sobre la naturaleza de ese dinero.
Antes de elevar la causa al Alto Tribunal, el juez Gómez dio a Barberá la posibilidad de declarar ante él. La dirigente ‘popular’ decidió entonces presentar un escrito de alegaciones en el que admite que aportó dinero en la campaña de las municipales de 2015, en las que ella misma aspiraba a la Alcaldía, negando asímismo el reintegro del mismo. Una explicaciones «insuficientes» para el instructor a la hora de excluir a Barberá de los hechos investigados.
Esta investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia corresponde a una pieza separada del ‘caso Imelsa’, en el que se indaga sobre el posible amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que empezó en abril de 2015, está abierta y contempla en ella posibles delitos de malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
Las reacciones
Tras conocerse la noticia, la dirección nacional del PP ha recordado que el partido ya abrió hace un mes un expediente informativo a los investigados en el ‘caso Taula’ que sigue abierto y subrayado que Rita Barberá «no está imputada, al menos todavía».
El PSOE, por su parte, ha retado al PP a que obligue a Barberá a renunciar al aforamiento que le concede su pertenencia a la Mesa de la Diputación Permanente. Entretanto, el portavoz de Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha ironizado con que «para que el PP le pida el acta va a tener que matar a Manolete».
