La coalición gobernante en Cataluña, JxSí, apoyada por sus socios de la CUP en Parlament, parece seguir dispuesta a no ceder en su intento de crear Estructuras de Estado propias frente al rechazo de las fuerzas políticas nacionales y de las advertencias del Tribunal Constitucional.
Una Seguridad social catalana, una Hacienda propia o una Justicia propia en la que los jueces la administren en nombre de la soberanía catalana y no del Rey son algunas de estas estructuras de una futura República catalana independiente que el Govern pretende impulsar pero a las que les faltaría una llave que las engarce con la ciudadanía: un documento que acredite su identidad como ciudadano de esa nueva forma de Estado.
Según avanza este miércoles 22 de septiembre de 2016 el diario La Vanguardia, la Generalitat estaría preparando la implantación de un DNI catalán que actuaría al modo de una tarjeta de servicios que permitiría a sus ciudadanos contar con un documento de identificación propio y acceder a los servicios públicos básicos a la espera de que se concretase el escollo sobre una eventual nacionalidad catalana.
UNA CARTA DE «DERECHOS POLÍTICOS»
Esta iniciativa, para la que la Generalitat sopesa destinar unos nueve millones de euros, viene avalada por informes del Institut d’Estudis de l’Autogovern, dedicado a articular la ‘desconexión’ de Cataluña del resto del Estado español. El citado organismo, encabezado por Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consell Assessor per a la Transició Nacional, concibe esta tarjeta como «una carta de derechos políticos, civiles y, por supuesto, sociales».
Al parecer, la entidad de Viver Pi-Sunyer, tiene ya el proyecto «muy avanzado» y contempla incluso que aporte innovaciones respecto a otros documentos de la misma clasa como la integración en dicha tarjeta del número de identificación fiscal o el de asistencia sanitaria.
«La voluntad es dar a los nuevos ciudadanos el mensaje que con la nueva ciudadanía se reconocen derechos sociales que en otras latitudes están en cuestión», admiten fuentes del Govern al citado diario catalán. Unas fuentes que también apuntan a que esta idea obedece a crear una especie de «red de seguridad» que permita evidenciar que el nuevo Estado catalán velaría por los derechos sociales de sus nuevos ciudadanos pese a los problemas que pudieran surgir en el tramo final de esa ‘desconexión’ de España.
